‘Corrupcianos’

Despilfarradores, corruptos y ahora, tras la acusación de la Unión Europea (UE) al Consell de falsear sus cuentas durante años, tramposos. Asi ve una gran parte de España a los valencianos. Con los antecedentes y los tópicos que nos persiguen de unos años a esta parte no debería sorprendernos demasiado que un lector, en un comentario a la información publicada sobre la iniciativa de Bruselas, nos adjetivara como corrupcianos. Un simplismo que pretende ser ingenioso, pero que en absoluto se corresponde con la realidad. Despilfarradoras, corruptas y tramposas han sido unas élites extractivas de las que han formado parte dirigentes del PP con mando en plaza en la Administración autonómica, algunos empresarios especuladores y gestores de las instituciones financieras. Pero no todos —ni tan siquiera la mayoría— de los cargos públicos en el poder o en la oposición, ni todos los emprendedores, ni todos los banqueros. Mucho menos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que soportan con vergüenza unos clichés a los que, si alguna responsabilidad les cabe, es la de haber contribuido con su pasividad ante tanto desmán durante la época de la burbuja inmobiliaria. 

La investigación abierta por Bruselas por la manipulación “sistemática” de datos referidos a la deuda y al déficit por parte del Consell representa un duro golpe a las aspiraciones de una sociedad que, por primera vez en muchos años, intentaba levantarse de la postración y el ninguneo a la que viene siendo sometida desde los diferentes gobiernos centrales. El movimiento (rebelión, la han llamado algunos) de los representantes de las patronales apoyados por el Gobierno de Alberto Fabra y los partidos de la oposición para reclamar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, inversiones en infraestructuras con que situar a la Comunidad Valenciana en la media nacional o un fondo de nivelación de mil millones para paliar la infrafinanciación autonómica, ha quedado seriamente debilitado. El golpe ha sido de tal magnitud que hay quien piensa que detrás de la maniobra de la UE está la mano del aquí denostado Montoro. No es verdad. Pero sí lo es que el hachazo europeo le viene de perlas al ministro para seguir reclamando más recortes en educación (500 millones) y en sanidad (600) y diferir cualquier compromiso sobre inversiones.

Qué hacer ahora. Desde luego no seguir la senda iniciada por la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, y seguida por la coordinadora general el PP valenciano, Sin complejos Bonig, que se han limitado a endosarle el problema a Rodríguez Zapatero. Una mentira urdida y llevada a cabo por los consejeros de Economía y Hacienda del PP, Gerardo Camps y José Manuel Vela, para manipular el déficit ocultando facturas sanitarias en los cajones por valor de 1.800 millones ¿y la culpa es de los socialistas? La política “sin complejos” del PP ha hundido a la Comunidad Valenciana en un lodazal del que le va a costar salir y, más aún, quitarse de encima la costra de suciedad que va a quedar. Algunos dirigentes del PP cuando piden que se actúe “sin complejos” parecen estar diciendo “sin escrúpulos”. Ellos sabrán.

Mejor sería explicar que las reclamaciones que hace Bruselas fueron atendidas en su día y que las mismas se han abierto en virtud de la gobernanza económica que se implantó en 2012 mientras que los hechos investigados llegan hasta 2011. No parece razonable que la normativa se aplique con carácter retroactivo. Pero para llegar ahí hace falta un poco más de trabajo y un poco menos de sectarismo. Mientras esto no suceda, seguiremos siendo corrupcianos.