Bruselas nos saca las facturas y los colores

Al final ha tenido que ser un comisario lituano responsable antifraude, Algirdas Šemeta, quien nos sacara los colores y obligara al Gobierno Valenciano a sacar las facturas de los cajones. Hace un año que la Comisión Europea advirtió al Gobierno español de las irregularidades contables en el gasto sanitario de la Comunidad Valenciana, fruto de una visita técnica que Eurostat realizó en junio de 2012.

La oficina estadística de la Unión Europea que contabiliza los gastos, se entrevistó con las instituciones auditoras nacionales y autonómicos. Su conclusión fue que la Comunidad Valenciana ha venido ocultando durante muchos años parte del gasto sanitario a los diferentes órganos fiscalizadores.

Al parecer, no se habían notificado las facturas impagadas anteriores a 2011, lo que, como explica la Comisión, pone en evidencia los sistemas de contabilidad y de control del gasto de las autoridades españolas.

Según el informe, que data de agosto de 2012, la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) “había enviado sistemáticamente información incorrecta durante muchos años a las autoridades nacionales de estadística. Además de no informar sobre el considerable gasto en sanidad, la IGGV no respetó el principio de devengo, exigido por la legislación nacional y de la UE”.

La Comisión añade que había repetidos informes del Tribunal Regional de Cuentas (Síndicatura de Comptes) y de la Consejería de Sanidad que, no obstante, han sido ignorados. Por ello, entre las medidas que se preparan está la revisión de la Ley de Gestión Administrativa y Financiera de la Generalitat Valenciana.

Mientras una auditoria externa viene fiscalizando las cuentas del Gobierno Valenciano, bajo la supervisión de Eurostat, la Sindicatura de Cuentas valenciana ha venido alertando sobre el desmesurado gasto que afecta a la Sanidad Pública a través de los conciertos privados y la externalización de los servicios.

El informe de la Comisión Europea señala estos informes, que hace tiempo que son públicos. El último de ellos es el de las resonancias magnéticas, de 2012, donde se detallan los millones de euros que se ahorrarían los ciudadanos valencianos si volvieran a realizarse en los hospitales públicos. El otro informe relevante es el de los conciertos sanitarios, de 2011, donde se evalúan los criterios de eficiencia y de economía en la gestión del concierto de hemodiálisis. El informe anterior a ambos data de 1995.

Las nuevas políticas europeas para hacer frente a la crisis en la zona euro han supuesto un conjunto de herramientas de control financiero y gobernanza económica, como el que ha llevado a la intervención de la Comunidad Valenciana.

Se trata del Six Pack, un instrumento europeo de fiscalización, con nombre de grupo de rock, donde se recoge un conjunto normativo formado por cinco Reglamentos y una Directiva. Será en la Comunidad Valenciana donde se aplicará por primera vez, en un intento de regular la disciplina presupuestaria tanto en su vertiente preventiva como correctora.

Estas seis normas jurídicas, producto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, van más allá e introducen un sistema sancionador con el objeto de castigar a los Estados incumplidores. Si la investigación anunciada por la Comisión Europea da sus frutos, se impondrá una sanción económica ejemplarizante para corregir los desajustes macroeconómicos.

Estas nuevas políticas fiscalizadoras imponen unos mecanismos correctores, que establecen valores de referencia limitadores del déficit y de la deuda, y obligan a una planificación presupuestaria que, de no cumplirse, será sancionada e impuesta por la Comisión.