El cerco judicial a un exalcalde del PP por contrabando y blanqueo se reactiva

La justicia ha reactivado el caso abierto hace ahora 13 años en un juzgado de Vilagarcía contra el entonces todopoderoso alcalde de Ribadumia José Ramón Barral, Nené, al que se le implicó con un alijo de 400.000 cajetillas y por el que tuvo que abandonar el cargo que había desempeñado durante casi dos décadas como uno de los bastiones electorales del PP. La fiscalía de Pontevedra encara la recta final de la causa más antigua de los juzgados de Arousa, que llevaba ocho años atascada en los tribunales suizos. Convencida de que los delitos no han prescrito enfila ya el escrito de acusación por contrabando, cohecho y revelación de secretos contra Barral y otras 15 personas entre las que se encuentran varios familiares directos del expolítico, cuatro guardias civiles y dos agentes aduaneros.

El otro frente abierto contra Barral se instruye en Cambados por un presunto delito contra la hacienda pública y, posiblemente, otro de blanqueo de dinero después de que en 2009 el Servicio de Vigilancia Aduanera localizase en China y Chile inversiones por valor de más de 1,6 millones de euros procedentes de una cuenta bancaria abierta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

Mientras los recursos de la defensa del exalcalde siguen invocando la prescripción del delito de contrabando e intentado que ambas causas se unan en un solo procedimiento, la fiscalía ha renunciado a esperar la resolución de los tribunales suizos —a los que Barral apeló para que sus buscados depósitos sigan bajo secreto bancario— y no le acusará del delito de blanqueo de dinero derivado del contrabando porque considera que en este caso sí ha prescrito.

Pero antes de dar carpetazo a la parte económica derivada de los presuntos negocios tabaqueros del imputado, tendrá que pronunciarse el abogado del Estado en un informe que en principio sería favorable a la prescripción, según indicaron fuentes judiciales, sobre todo para no entorpecer la otra causa paralela por delito fiscal donde se investigan incrementos patrimoniales no justificados entre 2006 y 2009 y que sí puede derivar en un posible delito de lavado de capitales.

Aunque la fiscalía no tiene dudas de que Barral Martínez dirigía una organización “sólida y muy sofisticada” de contrabando de tabaco, la evasión fiscal ha sido el principal escollo para la investigación ante los obstáculos que pusieron algunos países como Suiza para la identificación de cuentas bancarias y que convirtieron este proceso en una auténtico atolladero judicial. Tampoco se han obtenido resultados en Holanda, donde se abrió otra investigación paralela a la del contrabando y que acabó archivada al fallecer el principal imputado y presunto socio del entonces alcalde en España. El primer instructor de la causa (que ya ha pasado por la supervisión de tres jueces y dos fiscales) rastreó sin éxito posibles depósitos bancarios de Barral en Gran Bretaña, Portugal, Noruega y Suiza. En el país helvético se procedió al registro del despacho de su representante legal lo cual desató un proceso sobre el que los tribunales suizos todavía no se han pronunciado ni tampoco han desvelado las cuentas bancarias que presumiblemente tiene Barral.

Mientras el viejo proceso se encontraba completamente atascado, esperando las respuestas de Suiza, un empleado de Barral que fue despedido se prestó a colaborar con la justicia. El testigo se encontraba cumpliendo una condena por desacato relacionada con los negocios de su jefe en una prisión china en la que permaneció más de tres años en unas condiciones penosas por el hacinamiento de los reclusos.

Excarcelado en febrero pasado, el testigo confirmó ante el juez las inversiones de Barral en empresas eólicas en la provincia de Shandong y otras que se extendían por la costa de Chile relacionadss con el sector de cultivos marinos. Las sospechas de que el dinero entraba y salía de una sociedad matriz creada en las Islas Vírgenes, que estaba vinculada a otra cuenta abierta en Hong Kong, también fueron confirmadas por este testigo cuyas declaraciones serán la principal prueba de cargo del fiscal ante la negativa a contestar las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado a China.

La defensa de Barral, su mujer y sus tres hijas (que también están imputadas en la otra causa) tratan de desmontar la acusación de contrabando y han pedido su archivo. Alegan que el alijo de tabaco se encontraba en tránsito de camino a Inglaterra y fue incautado en el puerto franco de Vigo, mientras para la fiscalía, el delito de contrabando no ha prescrito porque está ligado a delitos más graves como el de cohecho y revelación de secretos. Dos años antes de su detención, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había ordenado el registro de su chalé de Ribadumia sin hallar ninguna pista que le implicase en el contrabando. También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) se interesó por las investigaciones abiertas contra Barral e incluso podría actuar contra él si fuese condenado.