Crecen los delitos de la ultraderecha por odio ideológico, racial o sexual

El número de agresiones físicas y daños contra la propiedad en acciones de la ultraderecha cometidas por odio deológico, racial o sexual ha aumentado de “forma preocupante”. Y más en la Comunidad Valenciana (400 denuncias estimadas en 2013) que en la media española (1.471 registradas), según aseguró este viernes el Movimiento contra la Intolerancia en Valencia. La plataforma advirtió del peligro de este crecimiento que se ha detectado, a pesar de que la mayoría de las víctimas (el 90%, según un estudio de la Unión Europea) no denuncia los delitos y faltas por temor a represalias, por desconfianza en las instituciones, porque son inmigrantes sin papeles o no quieren hacer pública su identidad sexual.

Los representantes de la plataforma, el presidente Esteban Ibarra y Toni Gisbert (de Acció Cultural del País Valencià), señalaron como ejemplo de ese arraigo ultraderechista el juicio de la Operación Panzer, por la que la Guardia Civil desarticuló en 2005 en Valencia al neonazi Frente Antisistema, y que sentará en el banquillo el próximo lunes a 18 de sus antiguos miembros. Todos serán procesados en la Audiencia de Valencia por asociación ilícita y buena parte de ellos por tenencia de armas (de fuego y otras blancas ilegales). El fiscal pide un total de 42 años para los acusados, entre los que se encuentra el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, el concejal de Silla de España 2000, José Alejandro Serrador, y dos militares.

Será el juicio más importante que se haya celebrado en España contra organizaciones neonazis, por el número de procesados y por la condición autóctona del Frente Antisistema, a diferencia de otros grupos que eran delegaciones de formaciones europeas. La inminencia de la apertura del juicio oral motivó la convocatoria en Octubre Centre de Cultura de Movimiento contra la Intolerancia, que se ha presentado como acusación particular, junto a Acció Cultural, Ca Revolta, CEAR-PV, Jarit, EUPV, Bloc y Esquerra Republicana. Al acto asistieron los diputados en el Congreso de Diputados José Luis Ábalos (del PSPV, que también se sumó a la denuncia), Ricardo Sixto (de EU), Joan Baldoví (Compromís) y Joan Tardà (Esquerra Republicana), además de Marga Sanz, líder valenciana de EU, y del eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, y el exdiputado Agustí Cerdà.

Todos fueron muy críticos con la banalización institucional del problema en España y en la Comunidad Valenciana, en particular, que quita relevancia a unas agresiones perpetradas por grupos de la ultraderecha, que está ganando terrenos a pasos agigantados en toda Europa. La delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha respondido a la petición de reunión de la  plataforma y los recibirá la próxima semana.

Y todos coincidieron en denunciaron la gravedad de la desaparición de las armas de fuego halladas en los registros de la Operación Pánzer que constituían pruebas del presunto delito en el juicio. EU y Compromís ya han presentado preguntas parlamentarias al Gobierno para aclarar lo ocurrido. Gisbert recordó, en cualquier caso, que las pruebas fueron completamente documentadas y peritadas, por lo que entiende que serán válidas en el juicio. 

Lanzagranadas y escopeta de cañones recortados

Entre las armas intervenidas en la Operación Panzer, había un lanzagranadas, varias escopetas (una de ellas recortada), pistolas semiautomáticas y de aire compromiso, puños americanos, una ballesta, puñales, catanas o hachas de doble hoja. También se halló abundante documentación filonazi o una prensa de fabricación de esvásticas.

Gisbert apuntó que el pasado año hubo unas 400 denuncias en la Comunidad Valenciana por agresiones de odio, según las estimaciones de la plataforma elaboradas a partir de los datos autonómicos y nacionales con que se cuenta. Ibarra apuntó que sólo desde el pasado año hay un registro en España de este tipo de delitos, que en 2013 ascendieron a 1.472. En Gran Bretaña, por ejemplo, hubo unos 60.000; en Alemania, 24.000; y en Suecia, 5.000. Los representantes solicitaron que se generalice el registro de estos delitos como en su momento se hizo con la violencia de género, y como se hace en otros países.