La Fiscalía abre diligencias para ver si las diputaciones fueron “negligentes”

La demanda que el sindicato ELA presentó el martes ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no va a caer en saco roto. Fuentes del Alto Tribunal confirmaron este jueves que tras el verano se darán los primeros pasos para investigar si es cierto que hubo concurrencia de intereses entre diversos agentes sociales y políticos, para retrasar o incumplir las sentencias judiciales de la UE, y que en última instancia ha sido la razón de la elevada multa de 30 millones de euros —la petición era de 50— que la Corte de Luxemburgo ha impuesto a las instituciones vascas.

El Gobierno vasco y las diputaciones tendrán que hacer frente a esa cantidad con el dinero de los impuestos de los ciudadanos vascos.

De hecho, este mismo jueves el Ministerio de Hacienda comunicó oficialmente al Gobierno vasco y a las Diputaciones Forales, según adelantó EL PAÍS, que tienen que devolver los 30 millones de la multa. Primero la ha pagado Madrid en el Tribunal de Justicia de la UE y en un plazo de seis meses a partir de ayer, el Gobierno vasco y las diputaciones forales se lo ingresarán a la administración central.

Primero solicitará informes sobre las sentencias y luego declaraciones

Aunque todavía es pronto para saber si la fiscalía presentará acusación, sí es tiempo para preparar la investigación preliminar, y para la elaboración de un plan de trabajo y de declaraciones que permita atisbar o determinar si hay indicios de responsabilidad delictiva, “negligencia” o algún tipo de responsabilidad en quienes adoptaron las decisiones de dilatar más de una década la recuperación de las ayudas.

La fiscalía solicitará primero informes sobre las sentencias comunitarias y los argumentos que justifican la imposición y finalmente la ratificación de la multa, y después, si lo considera necesario, llamará a declarar a los protagonistas de esas decisiones de la época, es decir, los políticos y técnicos que defendieron seguir, hasta bien entrado 2010, recurriendo y retrasando el cumplimiento de las sentencias.

ELA justifica en su demanda que “el resultado de esas decisiones equivocadas (en relación a las diputaciones y a la patronal Confebask) no puede ser que lo acaben pagando los ciudadanos y pidió que se esclarezcan las responsabilidades del tipo que sean”.

Quiere detectar si hay responsabilidad en la actuación foral y patronal

La Comisión Europea consideró las ayudas ilegales por vez primera en 2001 y pidió la devolución de las cantidades que se concedieron a las empresas en forma de créditos fiscales y ayudas a la inversión. El 14 de diciembre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y volvió a solicitar a España que recuperara las ayudas al considerarlas “incompatibles con el mercado común”.

Y en septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) volvió a confirmar a decisión del Ejecutivo comunitario al rechazar los recursos presentados por las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno vasco y la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).

El abogado especialista en temas comunitarios que ha dirigido la defensa de la administración vasca ante el Tribunal de Luxemburgo en los pleitos fiscales, es Ignacio Sáenz-Cortabarría.

Pese a la cuantiosa producción jurídica que obligaba a las instituciones forales a recuperar el dinero, las diputaciones, sobre todo la alavesa, —en manos del PNV de 2007 a 2011— acabaron ese trabajo de recuperación, a regañadientes, en 2013, ya con el PP en el Palacio Foral.

La propia UE se quejó amargamente en algunos documentos internos de las maniobras dilatorias, como el envío de furgonetas llenas de documentación a Bruselas para que fueran los propios funcionarios quienes cribaran y fijaran cuáles de las ayudas eran compatibles con la UE y cuáles no.