Sanlúcar pide a la policía que frene “la ola masiva de ocupaciones”

La ocupación de pisos vacíos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) aumenta en la misma proporción que la preocupación entre las Administraciones, que siguen sin acordar un plan de actuación ante un problema que se desborda y que no tienen claro cómo atajar.

Según los datos del Ayuntamiento, ya son 70 las familias que habitan en viviendas que, por motivo de la crisis, o no se concluyeron o nunca se llegaron a vender. Cada día, una media de tres familias con problemas económicos severos pasan a ser okupas.

El alcalde de la localidad, Víctor Mora (PSOE), solicitó al Cuerpo Nacional de Policía que frene “la ola masiva de ocupaciones” con “más vigilancia” hasta que “la Junta adopte alguna solución”, pero la llamada de auxilio del Consistorio no ha tenido respuesta. La policía insiste en que no actuará mientras que las ocupaciones sean pacíficas y no exista una orden judicial de desalojo. Y desde la delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda replican que es el Ayuntamiento sanluqueño el que debe dar cumplimiento al acuerdo aprobado en el pleno y negociar con los bancos, titulares de los inmuebles vacíos, la disposición de esas casas deshabitadas para alquileres sociales.

“La situación es muy complicada, pero el Ayuntamiento no puede buscar la salida cediendo temas”, subrayó el delegado de Vivienda en Cádiz y coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas. La Junta se limita a ofrecer su colaboración al gobierno local, al que recomienda hacer un diagnóstico para determinar cuántas familias okupas están en riesgo real de exclusión social, mediar con las entidades financieras titulares de los pisos y facilitar suministros básicos a los ocupantes “dentro de la legalidad”, es decir, una vez que los inmuebles sean cedidos por los bancos.

El Ayuntamiento ya ha hecho un análisis de las personas que habitan las casas y sus servicios sociales determinan que ni todos son demandantes de pisos públicos ni todos han acudido al Consistorio a solicitar ayudas públicas. A partir de aquí, la Administración local va a repartir comida a las familias con una situación de exclusión contrastada, ha cedido terrenos urbanizados a la Junta para que levanten hasta medio centenar de pisos sociales y ha culminado un censo de viviendas vacías para que sea la consejería la que negocie con los bancos.