Fracasa el intento de regularización de los 240 africanos del Poblenou

Un año después del desalojo del gran asentamiento de sin papelesde la calle Puigcerdà, en el Poblenou, la situación no ha mejorado. Pese a los compromisos que adquirió el Ayuntamiento —el alcalde Xavier Trias llegó a decir que todos tendrían un techo garantizado— la precariedad y la indefensión que sufre este colectivo no ha variado en absoluto. En cualquier barrio de la ciudad se ha convertido en habitual ver a jóvenes africanos buscando chatarra entre los contenedores.

El año pasado, antes de que los agentes ejecutarán la orden del juez, la Asamblea Solidaria Contra los Desalojos llegó a censar a 240 subsaharianos que malvivían en la nave de la calle Puigcerdà y se dedicaban a vender chatarra. Ese espacio servía como vivienda y almacén para muchos de ellos y los mayoristas se desplazaban hasta allí para comprar la chatarra. Tras el desalojo, se han dispersado.

A día de hoy, solo tres de ellos han conseguido la regularización y cuatro más están proceso, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona. “Ha sido un calvario conseguir toda la documentación para pedir la regularización”, explica Manel Andreu, miembro de la Asamblea que durante todo este tiempo se ha reunido dos veces por semana en la Flor de Maig para acompañar a este colectivo. Hacía falta el certificado de arraigo que otorga la Generalitat, el empadronamiento sin domicilio fijo que da el Ayuntamiento y, finalmente, la garantía de que no tenían causas penales, una garantía que se tiene que certificar desde sus países de origen. Después de invertir mucho tiempo y dinero, solo 87 de ellos lograron todos estos documentos, pero 47 ya han sido rechazados por la Delegación del Gobierno. El resto están a la espera, aunque sin mucha esperanza. Los casos rechazados ya se han recurrido, gracias al Colectiu Ronda, que también se ha implicado en el caso. Mientras la delegación no se pronuncia —en caso de que exista un recurso— , la Policía no puede detener a los afectados y llevarlos al Centro de Internamiento de Extranjería (CIE), que es lo que temen los inmigrantes no regularizados.

“Lo único que ha funcionado mínimamente ha sido lo de los alojamientos en pensiones y albergues”, reconoce Andreu, aunque lamenta que al dedicarse a la chatarra “necesitan naves donde guardar lo que recogen”, de manera los pisos no les sirven. Según el Ayuntamiento, hay 17 afectados que viven en pensiones y albergues. “Muchos de ellos se realojaron en casa de familiares o decidieron ocupar pisos”, apunta Andreu.

Además de ayudarles a conseguir su regularización y un techo, Xavier Trias les prometió formación para conseguir trabajo. Actualmente hay cinco personas realizando estos cursos y 12 ya han conseguido un empleo.

Otro asentamiento del Poblenou que se encuentra en la calle Paraguay —uno de los últimos que sigue en pie— se desalojará de manera “inminente”, según el Ayuntamiento. Los vecinos y los propios afectados se manifestaron ayer para reclamar una solución. Por ahora, han logrado una reunión con el Ayuntamiento aunque nadie es optimista: “Si les ofrecen lo mismo que al resto, no servirá de nada”, consideró Andreu.

Una de las posibles soluciones que se estudian desde el Ayuntamiento es la creación de una cooperativa de chatarra que permita “dar empleo y dignificar” a este colectivo, según fuentes municipales. La cooperativa, que se presentará en breve, dará trabajo a unas 100 personas y se creará con la ayuda de otras cooperativas ya existentes. Ya hay algunos precedentes similares en países latinoamericanos, impulsados por el área de cooperación del Área Metropolitana de Barcelona, presidida por el republicano Jordi Portabella.

A pesar de la propuesta, la asamblea advierte que la cooperativa solo solucionará algunos casos, “y en Barcelona hay unas 1.000 personas que se dedican a la chatarra”.