Anticorrupción pide la imputación del exdirectivo señalado como intruso

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria que impute a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía concluyera en un informe que "debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso". Según este atestado, González Mejías y Cristóbal Cantos compartieron durante casi dos años el cargo de director de Promoción de la empresa pública de capital riesgo.

Según la policía, González y Cantos “coincidieron con el mismo contrato” entre noviembre de 2005 y octubre de 2007. González comenzó a trabajar en Invercaria en julio de 2005 con una retribución total de 61.000 euros; Cantos, cuatro meses después y con 52.000 euros. En un primer momento, la policía señala que es “llamativo” que coincidan ambos contratos, “por tanto, uno de ellos es falso o, bien, ambos compartieron el cargo”. Pero concluye que González fue “intruso” al estar dado de alta en la Seguridad Social y “no prestar servicio de forma efectiva en la empresa”. Así, fuentes judiciales han informado de que el ministerio público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla en el que solicita la imputación del sobrino de Felipe González, una petición sobre la que el juez Juan Gutiérrez Casillas todavía no se ha pronunciado, informa Europa Press.

Los agentes sustentan esta conclusión en la declaración como testigo de González en enero de 2013. En ella, el exdirectivo aseguró que su relación laboral con Invercaria comenzó “con su contratación como ejecutivo en marzo de 2010”, sin aludir a los dos años como director de Promoción. Invercaria, por su parte, mantiene que mientras Cantos “desempeñaba sus funciones en las instalaciones de Invercaria”, González “lo hacía en el Observatorio de Innovación, perteneciente a la Consejería de Economía”.

En este informe, la policía analiza el pago de indemnizaciones y finiquitos recibidos por 13 personas tras la extinción de su relación laboral en Invercaria, entre ellas las de González y Cantos; las de los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Juan María González; o la de Óscar Fernández, director del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

En este análisis, la policía denuncia que González y Cantos recibieron préstamos personales superiores a lo permitido —el convenio marcaba 15.000 euros— y luego los condonó “incluyendo en la última nómina cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes”. Cantos recibió, por ejemplo, 12.960 euros por complemento de destino sin que este concepto “se observe en otras nóminas”. González, por su parte, percibió 14.714,29 euros por horas extras sin “ningún documento justificativo”.

La policía también afirma que el expresidente de Invercaria Pérez-Sauquillo y Fernández Vicioso tuvieron unas indemnizaciones que “se aumentaron el mismo día en el que se comunica a los interesados, presentando la apariencia de estar pactadas previamente”.