Una rentabilidad siempre en entredicho

La rentabilidad de la Ciudad de la Luz siempre estuvo en entredicho pese a los informes favorables y estudios que pudieran surgir desde la administración. Alicante, con aspiraciones de nuevo Hollywood, recibía encantada en sus restaurantes y calles a directores como Francis Ford Coppola sin saber que las productoras cobraban por venir a rodar al complejo de Aguamarga. En estos incentivos ha estado la clave de las protestas que llevaron a los megaestudios Pinewood (Inglaterra) y Bableberg (Alemania) a denunciar ante Bruselas un sistema de ayudas que sirvió para rodar unas 60 películas hasta 2011.

La Unión Europea se tomó en 2007 con seriedad la denuncia de los operadores cinematográficos. Las ayudas de la Generalitat podían alterar el orden del mercado interno europeo con la reciente ampliación de la Unión, en la que se asimilaron países con tradición en la producción cinematográfica como la República Checa –los estudios de cine en Praga tienen 80 años- u otros que lanzaban complejos similares al alicantino como Hungría. Lejos de parar, la Generalitat Valenciana aumentó por cuatro los incentivos entre 2007 y 2011.

Nunca ha quedado del todo clara la inversión realizada en un proyecto que imaginó el director de cine valenciano, Luis García Berlanga, y que lanzó el expresidente Eduardo Zaplana. Hasta 2010 la Sociedad de Parques Temáticos de la Comunidad Valenciana metió 274 millones en el centro. No fue hasta el informe de la auditora independiente Ecorys, a la que Bruselas encargó la inspección de las cuentas entre 2000 y 2004, que comenzó a esclarecerse la opacidad de un proyecto faraónico de luminoso nombre.

Las conclusiones a las que llegó el estudio fueron un misil para todos aquellos que defendieron la rentabilidad del proyecto: “No parece probable que las inversiones realizadas en 2000 y 2004 se ajustaran a la conducta de un inversor privado diligente en una economía de mercado”, sentenció un informe que sirvió a la Comisión Europea para ilegalizar las ayudas en 2012.

La Generalitat había invertido, a través de la Sociedad Parque Temático de la Comunidad Valenciana, un total de 274 millones desde el año 2000, cuando arranca el proyecto, hasta el 2010. Fue una “ayuda estatal incompatible con el mercado interior”, sostuvo en mayo de 2012 la CE. La venta del centro debería revertir sobre la administración partidas de más de 95 millones destinados a capital social; 9 millones para los terrenos asignados al complejo; 115 en préstamos participativos, así como casi 46 millones en préstamos convertibles en acciones; además de otros incentivos dados a productores cinematográficos.

Con la primera sentencia europea, la Generalitat comenzó a plantearse la venta por partes de los estudios u otras alternativas de desinversión. Pese a toda las ayudas vertidas sobre un centro que construyó uno de los tanques de agua más grandes del mundo -en el que se rodó el famoso tsunami de Lo imposible-, la Ciudad de la Luz ofrecía pérdidas de 82 millones de euros entre 2004 y 2010, año en el que la Generalitat Valenciana rescinde unilateralmente el contrato con Aguamarga Gestión de Estudios para traer rodaje.

Un futuro complicado

El futuro de las instalaciones no parece tener un camino claro. En la actualidad Aguamarga y Consell continúan pleiteando sobre quién incumplió antes el contrato. La Generalitat ganó un primer asalto en julio de 2013 con una sentencia que condena a Aguamarga al pago de 1,2 millones, sentencia recurrida y pendiente de desenlace.

El varapalo del tribunal General Europeo a los recursos presentados por las administraciones española y valenciana afecta a la rentabilidad: el valor neto del proyecto suponía una pérdida de alrededor de 130 millones de euros. Para el periodo entre 2000 y 2006, el valor neto era negativo en un importa de más de 57 millones de euros.

El centro no da para más alegrías: la Escuela de Cine, que resistía más mal que bien, ni comenzó el curso del 2013 dejando ‘tirados’ a sus alumnos de segundo año. Los estudios actualmente están parados y la estrategia de gasto sigue sin estar clara. Cada mes que pasa cuesta un millón de euros. Solo en el proceso arrancado por la Comisión, la Ciudad de la Luz se ha gastado más de 515.000 euros (del total de un millón gastado en 14 años) en un despacho legal privado cuando existe un contrato de colaboración con la abogacía de la Generalitat por 3.660 euros anuales, según denunciaron los socialistas hace cinco meses.

Y quizás todo pudo pararse en el 2004, como apunto Ecorys en su informe. Aquel año fue el momento para tomar dos caminos distintos del elegido: o se paraba la obra sacando provecho a los seis estudios entonces construidos o directamente se abandonaba el proyecto.