Cádiz prescinde de una cuarta parte de sus trabajadores sociales

Justo cuando más se necesitan, los trabajadores sociales de Cádiz empiezan a mermar. El Ayuntamiento gaditano ha decidido no renovar a 24 de sus empleados dedicados a atender las demandas de las familias más desfavorecidas. Es una cuarta parte de la plantilla total. El gobierno municipal de Teófila Martínez (PP) aduce que se debe a impagos de la Junta de Andalucía y del Gobierno central, que han puesto fin a los planes que soportaban el pago de sus nóminas. La nueva ley de la Administración local impide, según el Consistorio, seguir asumiendo una competencia que ahora no le corresponde. El resultado es que a los 24 nuevos parados en la ciudad se le suma la saturación laboral de los que quedan. Además, el Colegio Profesional que representa al colectivo sostiene que “hay ciudadanos que están esperando ya dos meses para poder ser atendidos”.

Los cuatro centros de la capital gaditana se resentirán, especialmente el de La Laguna, donde se quedarán sin trabajadores sociales y en el de la calle Zaragoza pasarán de siete a dos. Cádiz cuenta desde hace una década con trabajadores sociales interinos en virtud de un plan concertado financiado a tres bandas por el Ayuntamiento, la Junta y el Estado. Un programa que sufraga los servicios que recoge la Ley de Dependencia. Hasta el año pasado renovaban sus contratos anualmente pero en diciembre de 2013 sus contratos pasaron a ser de seis meses. Fue justo tras un cambio de dirección en el área de Asuntos Sociales y en plena polémica interna por denuncias sobre el uso de criterios subjetivos para repartir unas viviendas sociales, un asunto que está siendo investigado judicialmente.

Los contratos de estos 24 interinos expiraron el 30 de junio y no se han renovado. El Ayuntamiento actúa así, según ha explicado, alertado por la Intervención municipal. Estos contratos contradicen la contención de gasto a la que insta la ley de Administración local, que considera los servicios sociales una competencia impropia de los Ayuntamientos. El gobierno del PP ha explicado que las contrataciones dependen del dinero que debe aportar la Junta para sufragar estas nóminas y, como no ha llegado, no puede renovar los contratos.

Según sus datos, el Consistorio ya ha aportado 570.000 euros de fondos propios para pagar nóminas. Estas explicaciones no convencen a los despedidos. “La Junta siempre ha tardado en pagar y aún así siempre nos mantenían los contratos”, lamentó Mauricio Peralta, uno de los afectados que acudió al pleno municipal en el que se trataron los despidos como asunto de urgencia. El PP presentó una propuesta para instar a la Junta a entregar la partida necesaria para sus readmisiones. El PSOE respondió con un escrito de la Delegación de Salud de la Junta en el que se comprometió al pago pero los populares no le dieron validez. Los contratos volverán cuando llegue el dinero y “dependiendo de la disponibilidad financiera”, según la respuesta municipal.

En un comunicado, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz alertó de la grave situación en la que queda la ciudad. “El incremento de la demanda ha supuesto un colapso en estas dependencias que, con este nuevo revés, se verán aún más saturadas”. Según sus datos, la espera que soportan los ciudadanos puede llegar a los dos meses. El colectivo pide un acuerdo entre Administraciones. Es el mismo llamamiento que en otro escrito ha hecho el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Según sus datos, 300 puestos de trabajadores sociales de refuerzo en Andalucía están en riesgo. Será una merma de duras consecuencias porque el descenso de personal contrasta con un incremento del 74% de la demanda de servicios sociales en la comunidad en el último año.