Mataró entierra las preferentes

Carlos García y Pere Ayter pueden explicar de forma rápida y sencilla conceptos financieros que, hasta hace un par de años, no sabían ni que existían. No es que hayan hecho un curso avanzado de economía. Viven en Mataró —la ciudad española con mayor proporción de afectados por la estafa de las preferentes— y en los últimos dos años han tenido que aprender a las malas, como muchos de sus vecinos, cuestiones como qué es un producto híbrido o cuáles son las competencias del Banco de España.

Hoy, después de un intenso periodo de juicios y arbitrajes, este municipio de 124.000 habitantes comienza a sentirse “resarcido moral y económicamente”, asegura su alcalde, el convergente Joan Mora. Tras una larga lucha, algunos de los 6.000 vecinos que fueron víctimas de las preferentes —la inmensa mayoría, comercializadas por Caixa Laietana— han empezado a cobrar y la desesperación se ha convertido en una resignada paciencia.

Pere Ayter es uno de los muchos mataroneses que no exagera cuando dice que era cliente de Caixa Laietana “de toda la vida”: su abuelo le abrió una cuenta a los pocos días de nacer. “Me iban poniendo una peseta cada cierto tiempo”, recuerda este agricultor de 50 años. Cuando empezó a oír que “pasaban cosas en los bancos”, no se preocupó por sus 12.000 euros: “Mi mujer y yo somos muy conservadores y no nos gusta el riesgo… Pero luego escuché la palabra preferentes”.

Ayter es uno de los vecinos a los que Caixa Laietana convenció para que transformasen sus ahorros en participaciones preferentes o deuda subordinada, complejos productos financieros que se les vendieron como depósitos a plazo fijo, según afirma la mayoría de víctimas. Cuando la entidad fue adquirida por Bankia, se les engañó una segunda vez al canjearles estos productos por acciones sobrevaloradas del nuevo banco. Esto complicó que accedieran al arbitraje: se les consideraba inversores en vez de ahorradores. Tras una expedición a Madrid, donde Mora y plataformas de afectados se reunieron con varios partidos políticos, el Congreso autorizó al entonces Instituto Nacional de Consumo a mediar en el conflicto.

El 78% de los afectados de Mataró optó por el arbitraje y, de estos, un 92% tuvo un fallo favorable. Uno de los porcentajes más altos del país, según Bankia. Este sistema, sin embargo, conlleva una pequeña pérdida de la cantidad inicial, por lo que otros, como Carlos García, prefirieron la vía judicial.

“Tenía tres cuentas en Caixa Laietana con 18.000, 6.000 y 5.500 euros. Solo me aceptaron el arbitraje en la primera, o sea que además de las otras, iba a perder unos 2.500 de la primera. Para mí, eso era dejar que se salieran con la suya”, explica García. El juez le ha dado la razón hace pocas semanas y calcula que cobrará sus 24.000 euros en octubre. El resto lo tiene en acciones y aún medita si reclamar o no. A Ayter le llegó la sentencia favorable hace meses y está a la espera de que le ingresen el dinero.

El proceso avanza con tanta rapidez que Estafabanca Mataró —la plataforma que durante dos años y medio organizó tres concentraciones cada semana, asesoró a las víctimas y llegó a tener hasta 350 familias activas— ha anunciado su disolución por haber “alcanzado sus objetivos”. La presión social consiguió que se abriera un juzgado transversal para los afectados por productos híbridos. Comenzó a funcionar en septiembre de 2013 y estará activo, por lo menos, hasta septiembre de 2015. Ha atendido 800 casos, a los que se suman los 1.200 que han llevado los otros seis juzgados de la ciudad. Todas las sentencias han sido favorables, asegura el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que cifra la inversión media de las demandas en 50.000 euros.

La abogada del Col·lectiu Ronda Laia Manté considera que uno de los motivos de que en Mataró haya más fallos favorables es que Caixa Laietana no tenía registros tan eficientes como Caja Madrid. “Tenemos demandas de familiares de empleados suyos afectados por las preferentes y las estamos ganando. Muchos trabajadores de la entidad no sabían que eran productos de riesgo. En una ficha interna de 2006, por ejemplo, decía que no lo eran”, afirma.

La vicepresidenta de la asociación Apredef, Arianna Serras, añade otra particularidad a los procesos mataroneses: “La conciencia sobre la materia. Sus sentencias son rotundas, tan bien fundamentadas que no dan lugar a recursos”. Uno de sus defendidos es Ramón Sánchez, de 60 años, que ha recibido hace pocos días el fallo que obliga a Bankia a devolverle los 8.000 euros que tenía en preferentes y los 4.000 que tenía en acciones: “Veo que la justicia puede llegar a ser justa. Pensaba que solo recuperaría el de las preferentes. Estoy súper feliz. Antes no sabía ni para qué servía un juzgado”.

La oficina municipal de información al consumidor aún recibe consultas sobre productos híbridos, aunque ahora a cuentagotas. En dos años atendieron a 3.335 personas. “La gente desconfiaba porque el sistema de arbitraje obligaba a que contactaran con quienes les habían estafado”, explica el alcalde. Así que contrataron a seis personas más. También se creó una unidad de atención psicológica en colaboración con la Fundación Hospital Mataró, aunque son pocos los que la han utilizado. “Las familias han preferido organizarse ellas solas”, afirma Mora.

No todas los han conseguido. García no le dirige la palabra a su cuñado, antiguo jefe de zona de Caixa Laietana y actual director de una oficina de Bankia. Fue él quien le vendió las preferentes y las acciones en documentos que le hacía firmar después de las comidas familiares. “Yo me cambié a esa caja porque él trabajaba allí. Si tienes un familiar que es economista y tú solo tienes la educación básica, te fías”, lamenta. Lo que más le duele es que no ve a sus sobrinos desde hace dos años y medio. Su madre de 80 años también es una afectada, pero acudió al arbitraje y desistió de la vía judicial por miedo a perder contacto con sus nietos.