El fiscal pide al juez que investigue al alcalde de Manises por prevaricación

La fiscalía ha pedido a los juzgados de Quart de Poblet que abran una investigación penal contra el alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, y otros responsables políticos del municipio al haber detectado "indicios de la posible comisión de delitos" en la contratación de la limpieza municipal. En la denuncia original, presentada por la oposición socialista en la población, se advertía de que el Ayuntamiento lleva más de una década prorrogando irregularmente el contrato, obviando la obligación de sacar a licitación el servicio a pesar de los avisos repetidos del interventor municipal.

Manises adjudicó la limpieza de los edificios municipales a la empresa Serliman SCLV en mayo de 1995 por un periodo de cuatro años prorrogables por otros dos. A partir de ese momento, debería haber sacado de nuevo a licitación el servicio. Pero en vez de eso lleva desde 2001 prorrogándolo de forma irregular, subraya la denuncia.

El contrato le costaba al Ayuntamiento 255.429 euros al año en 1995, pero ha ido encareciéndose hasta alcanzar los 743.271 euros anuales al ampliar en paralelo las competencias atribuida a la empresa adjudicataria.

La fiscalía solicita ahora judicializar la investigación tras haber examinado la documentación aportada por los socialistas, de cuyo contenido "se desprende que los servicios de limpieza estarían siendo prestados en la actualidad con omisión del procedimiento legalmente establecido en la legislación reguladora de la contratación del sector público". La fiscal ve en tal conducta, de manera indiciaria, un delito de prevaricación. Y solicita al juzgado que se haga cargo de los hechos que recabe del Ayuntamiento de Manises "testimonio íntegro de los expedientes de contratación de prestación de los servicios de limpieza"; desde el contrato firmado en 1995 a las prórrogas concedidas desde entonces por el Consistorio.

La denuncia de los socialistas no apunta solo al alcalde Izquierdo, sino también contra 12 personas que han formado parte de las juntas de gobierno y han aprobado las prórrogas. Entre ellos se encuentra el anterior alcalde, Enrique Crespo, dimitido en 2012 tras ser imputado como uno de los cabecillas del saqueo de la depuradora Emarsa. Un caso en el que Crespo ya ha sido procesado y por el que probablemente tenga que responder en el banquillo de los acusados.

“Un contrato por un importe de aproximadamente 750.000 euros anuales no se puede estar adjudicando a dedo" durante más de 10 años, ha afirmado el portavoz socialista y denunciante Juan Carlos Santiago; "si un habilitado nacional como es el interventor municipal indica que se está obviando el procedimiento legal, no puede un concejal permanecer cruzado de brazos, ha añadido.