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La policía detiene al director de la empresa pública Vaersa

Tanto él, como el anterior responsable de la firma están imputados por supuesta malversación

Enrique Simó y Felipe Espinosa están en libertad provisional y la causa está secreta

El actual director general de Vaersa, Enrique Simó, y su antecesor, Felipe Espinosa, han sido detenidos por la policía bajo la acusación de supuestos delitos de malversación y prevaricación. Los agentes registraron asimismo sus domicilios. Simó y Espinosa fueron arrestados por la contratación de asesorías jurídicas sin concurso público y pago de facturas y nóminas hinchadas.

La juez del juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha tomado declaración este viernes al director y al ex director de Vaersa, ambos en calidad de imputados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Tras la declaración ha acordado para ambos libertad provisional, con comparecencia periódica ante el juzgado y retirada de pasaporte. La causa, decretada secreta, está abierta por supuesto delito de malversación.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Ciscar, ha explicado a los periodistas en los pasillos de las Cortes Valencianas que el director de Vaersa fue puesto en libertad la noche del miércoles y que al Gobierno valenciano no se le han comunicado las razones de las detenciones.

La Fiscalía de Valencia tiene abiertas investigaciones a raíz de tres denuncias presentadas por el sindicato CGT en los últimos meses, referidas al pago de productividad a directivos de Vaersa, al pago de servicios de asesoría jurídica, y a la compra de todoterrenos sin concurso público. La denuncia más reciente se refiere a la compra de 65 vehículos por 1,4 millones de euros, y conllevó que el pasado 9 de junio la policía judicial se personara en la empresa pública para recabar información, según explicó en las Cortes la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

La consejera señaló entonces que esa investigación no suponía que existiera "una responsabilidad penal, una prevaricación, corrupción o cohecho". La fiscalía también investiga a los gestores de Vaersa a raíz de la denuncia de CGT de que se contrataron "a dedo" servicios de asesoría jurídica por un importe total de "1.974.964 euros".

Esta denuncia venía precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por CGT, cuya instrucción culminó con la demanda de procedimiento de reintegro interpuesta por el Ministerio Fiscal contra tres gestores de esta empresa pública.

Esos directivos de Vaersa son, según el sindicato, Anna Bayarri Llorens (exjefa de Recursos Humanos), Felipe Espinosa Bolaños (ex director general) y Enrique Simó Arnau (actual director general), para los que pide su condena, "como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos".

La tercera denuncia se refiere al pago de cerca de alrededor de 1,9 millones de euros de productividad a los directivos de la empresa pública Vaersa entre 2006 y 2011. Por su parte, el sindicato FSP-UGT presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posibles sobrecostes en la gestión de la empresa pública.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dictado una sentencia que considera irregulares las declaraciones de impacto ambiental realizada por Vaersa desde 2003, al considerar que no tiene competencias en estas resoluciones administrativas y que deben ser funcionarios públicos de la Generalitat los que hagan este trabajo.

Asimismo, dentro de la investigación del caso Gürtel por el TSJCV se analiza la contratación de Vaersa con Orange Market en 2004 de la grabación de varios documentales para la realización de una campaña de sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo, por la que ha sido imputado el director general en esa época, Juan Miguel Bellver.

En Vaersa se ha llevado a cabo en los últimos años un proceso de ajuste de empleo que supuso en 2011 el despido de 198 personas, y desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la actualidad el de otras 40 por despido objetivo debido a la pérdida de encomiendas. Además, en febrero se aprobó una modificación de las condiciones de trabajo para 98 empleados que se aplicó a partir del mes de marzo y que los sindicatos han denunciado, y sobre lo que se celebrará un acto de conciliación en el TSJCV el próximo 10 de septiembre.