Los sindicatos exigen la inclusión de una renta mínima en la concertación

Uno de los objetivos básicos del documento entregado por la Junta a los agentes sociales para trabajar en el acuerdo de concertación es “avanzar en la inclusión social y conseguir reducir la tasa de riesgo de pobreza por debajo del 15%”. Los sindicatos aceptan este objetivo como prioritario y tienen ya elaborada, de acuerdo con la red andaluza contra la pobreza y la exclusión social EAPN, una propuesta muy concreta sobre renta mínima que supondría ayudas mensuales de entre 425 y 680 euros. Los representantes de los trabajadores exigen que esta propuesta, que está previsto que se presente el próximo día 1 al Parlamento como iniciativa legislativa popular, se incorpore al pacto.

El objetivo, según el secretario general de CC OO, Francisco Carbonero, es establecer una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y eliminar el riesgo de exclusión social. “Con los 350 millones que la Junta destina a acciones puntuales, se podría financiar la medida”, explica el dirigente sindical. La cantidad es similar al gasto anual que suponen los complementos de la paga extra del personal de la Junta de Andalucía y que se recuperará en 2015.

El plan se cubriría, dice CC OO, con los 350 millones para acciones puntuales

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de Andalucía ha pasado del 27,7% del año 2005 al 37,7% en 2012, último dato disponible. Más de 840.000 personas paradas no cobran prestaciones y unas 280.000 viven en hogares con todos sus miembros en paro, sin prestaciones, pensiones o subsidios.

A esto se suma la bajada de los salarios, el crecimiento de la tasa de la contratación a tiempo parcial y el aumento de las tasas y la presión fiscal.

La propuesta de renta básica asocia la prestación a medidas individualizadas de inserción para promover la superación de la situación de riesgo y evitar que desmotive a los beneficiarios de la búsqueda de empleo. En este sentido, la propuesta de ley incluiría requisitos, duración, seguimiento, incompatibilidades y control de la prestación.

Para establecer la cuantía se utilizaría como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) con incrementos en función de los miembros de la unidad de convivencia. La cuantía mensual de este indicador es de 532 euros. Las personas necesitadas de este salario de forma individual recibirían el 80% del Iprem (425 euros). Un segundo miembro de la unidad de convivencia que dependiera de esta renta implicaría un incremento del 25%. Un tercer miembro añadiría el 15%; un cuarto, el 10%; y a partir de ahí un 8%. El máximo sería el 128% Iprem (680 euros) y la prestación se actualizaría anualmente en función del IPC.

A la renta básica teórica se le restarán los ingresos que obtengan todos los miembros de la unidad de convivencia y se prevén excepciones para casos especiales.

El programa asocia la prestación a medidas de reinserción

Sería el caso de las mujeres, cuya situación laboral es mucho más precaria y vulnerable que la de los hombres, ya que sufren una tasa de actividad del 50%, el 78% de las que trabajan solo disfruta de un empleo a tiempo parcial y el desempleo supera el 37%. Estas condiciones generan situaciones de pobreza y exclusión que se agudizan en los casos derivados de violencia de género, que casi siempre obligan a las mujeres a abandonar su hogar, dejar el empleo, buscar nuevas formas de vida y a asumir la custodia y la manutención de los hijos.

También se considera especial la situación de los jóvenes, que sufren un nivel de desempleo tan elevado que se ha convertido en un sector de población con alto riesgo de pobreza y exclusión, ahora y en el futuro, ya que la imposibilidad de cotizar los aboca a no poder disfrutar de una pensión suficiente.

El derecho a percibir la prestación económica se mantendría durante todo el tiempo que se mantenga, de forma acreditada, la situación de necesidad y el cumplimiento de los requisitos para su reconocimiento. Estas circunstancias se revisarían periódicamente.