El exconsejero Soler alega que “nunca” conoció las irregularidades de los ERE

No más de cinco minutos. Este fue el tiempo que ha durado la comparecencia del exconsejero de Innovación Martín Soler ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya. Al igual que en las últimas semanas ha hecho la mayoría de los imputados, Soler se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez, quien le imputó dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y ha guardado silencio, entre otros motivos, porque “no se ha incorporado a las actuaciones” el atestado de la Guardia Civil sobre el IFA e Idea. Así lo argumenta su defensa en un escrito presentado en el juzgado y en el que alega que el exconsejero “nunca” tuvo conocimiento del informe en el que la Intervención General de la Junta alertaba de presuntas irregularidades en los ERE. Tras comparecer ante Alaya, ni Anticorrupción ni las otras acusaciones han solicitado medidas cautelares.

Este informe es la base del auto de imputación. Según Alaya, Soler recibió el 4 de noviembre de 2009 el análisis definitivo de la Intervención sobre el ejercicio de 2008 de la agencia Idea. “[El informe] volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por Empleo, transferencias de financiación de explotación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado”, señala la juez. Pese a ello, Soler siguió “abonando las subvenciones”. Su defensa mantiene que “no llegó a recibir personalmente ni conoció en aquel momento” dicho documento. Lo vio, mantiene, con ocasión de su comparecencia en la comisión de investigación sobre los ERE del Parlamento.

En el escrito, en el que solicita “la remoción de su imputación”, el letrado alega que “ni Soler ni ningún consejero tiene entre sus funciones y cometidos la lectura y revisión de los informes de naturaleza técnica que emite la Intervención, pues esa es una labor que compete al personal adscrito al efecto”. Por esta razón, continua, “imaginar” que Soler vio dicho informe es, “más allá de situarse en el terreno de la pura y conjetural sospecha, desconocer el verdadero funcionamiento” de la Administración. Sobre el contenido del informe, la defensa alega que la Intervención advertía de que el procedimiento de las transferencias de financiación “no se considera el adecuado” pero no recomendaba “ninguna medida, absolutamente ninguna, respecto al programa 31L”.

El excargo, que no declaró, pide “la remoción de su imputación”

En cuanto a sus funciones en Idea, el letrado mantiene que Soler “no participó ni directa ni indirectamente en ninguna de las distintas materializaciones de los pagos del programa 31L que la agencia llevó a cabo” en los meses que ocupó el cargo (desde abril de 2009 a marzo de 2010). En ese periodo, señala, el exconsejero acudió a cuatro sesiones del consejo rector.

Quienes también han guardado silencio han sido el director general de la agencia Idea, Antonio Valverde, y el exdirectivo del IFA Antonio Lara. Para el primero, Anticorrupción ha pedido una fianza de 2,6 millones; para el segundo, de 4,4 millones. El abogado de Lara se ha opuesto a esta medida ya que su cliente “no era director general sino director gerente de Idea, por lo que no tenía competencias para adoptar acuerdo de ningún tipo ni firmó ningún convenio”. Ha apuntado que cuando Lara dejó el cargo, en enero de 2003, no había déficit en las cuentas de la agencia

La juez Alaya también ha citado al exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez, quien también se ha negado a declarar. Para él, ninguna de las partes ha pedido medida cautelar. El último en comparecer ha sido José Ángel Martín, administrador único de la empresa Gestifesa. Según Alaya, la compañía “recibiría, por influencia” del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, “cantidades por la prestación de servicios” sin el oportuno contrato. El fiscal ha solicitado una fianza de 117.700 euros.

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla ha pedido al magistrado del caso Invercaria que divida la causa en un sumario para cada una de las treinta empresas investigadas aunque, señala, algunos de ellos deberán esperar a que concluyan diversas diligencias a ejecutar en la rama principal, informa Efe.