Amaestrar ‘fondos buitre’

Youssef Ajanif compró en 2002 un piso en Badia del Vallès propiedad de la empresa pública Adigsa que no podía venderse por más de 6.600 euros. Youssef pagó al propietario 92.500 euros y Caixa Catalunya le concedió una hipoteca por ese valor, que sería el que le correspondería en el mercado libre. En la escritura y el contrato de compra-venta figuraba el precio legal. Pinchó la burbuja, llegó la crisis y los desahucios pusieron al descubierto el desaguisado. Entonces se evidenció que en plena fiebre del ladrillo se llegaron a pagar hasta 200.000 euros por pisos en poblaciones como Badia, que tenían un valor legal máximo de 40.000 euros.

Ahora, 12 años después el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) quiere vender la cartera hipotecaria de Catalunya Caixa —entre 65.000 y 90.000 contratos por debajo de 100.000 euros— a privados. Y, como no, los fondos buitre se han interesado por la operación. El FROB ha exigido una cláusula inédita en este tipo de negocio. Blackstone-TPG, Lone Star, Oaktree, George Soros y Goldman Sachs, interesados en la compra, deberán respetar el Código de Buenas Prácticas para evitar desahucios masivos. El FROB va a tratar de domesticar a los fondos buitre para que se comporten con moderación durante el festín, una tarea que se antoja difícil cuando se trata de mediar entre un moribundo y un ave carroñera. Ver a un fondo buitre manejando situaciones de exclusión social puede retrotraernos a imágenes dickensianas. Una cartera hipotecaria en la España de 2014 es una inversión de alto riesgo y es difícil esperar ejemplaridad ética cuando se busca una rentabilidad elevada.

Aunque la iniciativa del FROB es realmente loable en su intención de no dejar las manos libres a los buitre para desahuciar a los ciudadanos morosos, ¿por qué se opta por privatizar la deuda de un segmento social tan débil, sobre todo cuando ya llevamos 12.050 millones de euros de dinero público invertido en Catalunya Banc?

La privatización selectiva siempre ha estado ahí, pero ahora con la crisis se extiende como un mantra. Hay que recortar en sanidad, en educación y servicios sociales para lograr el ansiado objetivo de déficit. No hay que reparar en gastos y si es preciso se amaestra fondos buitre para que compren pisos de alquiler social, tal como pretendía la Generalitat y sobre lo que Goldman Sachs se mostraba receptivo.

El Gobierno catalán estaba dispuesto a sacrificar en el altar del déficit del 1% —previsto para este año— parte de su parque de 14.000 viviendas sociales. Pisos que debían ser para los ciudadanos desahuciados podían pasar a ser propiedad de grandes creadores de hipotecas basura. La precaria mayoría de CiU hizo que la operación no prosperara, pero puso de manifiesto que la privatización no distingue entre naciones que piden el derecho a decidir y otras que ya lo tienen, por eso se ha convertido en una doctrina ecuménica que comparten buena parte de los gobiernos que pueblan la vieja y espriuana pell de brau.

La austeridad es una virtud si no se practica de forma selectiva y para hacer negocio contra los intereses de los más débiles

La política de dar absoluta prioridad al recorte del déficit resulta claramente antisocial. La austeridad es una virtud si no se practica de forma selectiva y para hacer negocio contra los intereses de los más débiles. Conseguir dinero no es bueno a cualquier precio. Y ejemplos no faltan.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) será el primer territorio de Cataluña donde todas las actividades vinculadas a la gestión del agua queden en manos del capital privado. Para lograr 800 millones de euros que ayuden a no romper el techo de déficit previsto, la Generalitat traspasará las competencias en materia de aguas a AMB, que comparte sociedad mixta con Agbar en proporción de 15% (la parte pública) y 85% (la privada).

Durante 30 años, el canon del agua será administrado y cobrado por una entidad privada. Se trata de una cuantía de unos 150 millones de euros anuales, de los que prácticamente el 95% irá a parar a la sociedad mixta, que de esta manera se asegura unos 140 millones de euros año. En total 4.000 millones de euros en 30 años. Para el Gobierno catalán no se trata de una privatización sino de una concesión reversible.

Lógicamente las entidades privadas buscan el beneficio para socios y accionistas. Pero los movimientos que afectan a sectores básicos o a segmentos sociales débiles deberían ser controlados, protegidos y fiscalizados con extraordinario rigor desde los poderes públicos. Numerosas experiencias a nivel europeo se han revelado como auténticas catástrofes: ahí está la de los ferrocarriles británicos, un caso de manual, cuando privatizar era un exotismo tatcheriano. O París y Berlín dando marcha atrás en la privatización del agua. En Cataluña y España, la tensión social aumentará si a la precariedad laboral y los recortes de servicios van saliéndole socios agregados que encarecen o precarizan aún más la situación. No todo puede sacrificarse al altar del déficit.