Hacienda ratifica ante el juez que el PP valenciano se financió de forma irregular

Los dos inspectores de la Agencia Tributaria que han trabajado en la vertiente valenciana del caso Gürtel han ratificado este viernes ante el juez sus informes, en los que consideran acreditada la financiación ilegal del PP regional en la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Hacienda ha constatado que varias empresas de la construcción hacían pagos a Orange Market, una de las sociedades de la trama Gürtel, por servicios "falsos". Y que esos abonos servían en realidad para aminorar la deuda que el PP había contraído con la empresa del grupo de Francisco Correa por la organización de actos electorales en las campañas de 2007 y 2008.

Las empresas que participaron supuestamente en la financiación irregular fueron Lubasa, Piaf, Facsa, Enrique Ortiz, Grupo Vallalba (mediante tres de sus sociedades) y Sedesa. Todas ellas realizaban, además, obra pública, y consiguieron en el periodo cuantiosas adjudicaciones del Gobierno valenciano.

Pero los problemas con la contabilidad de los populares no termina ahí, según los miembros de la Agencia Tributaria, que han subrayado en varias ocasiones la falsedad de las anotaciones registradas por la formación, indican fuentes conocedoras de su declaración. El núcleo de la irregularidad consistiría en que el partido justificó un gasto muy inferior al que la investigación de Hacienda ha revelado, lo que lleva a los inspectores a concluir que, además de los algo más de 420.000 euros pagados presuntamente por las constructoras y encubiertos con facturas por contratos ficticios de empresas de la red, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana recibió una cantidad superior de donaciones no declaradas. Esto es, pagos inscritos en las campañas electorales por parte de terceros en los que no habrían intervenido como intermediarias las empresas de Correa.

El PP, según los inspectores, participó activamente en el fraude, al no pagar el IVA, ni incluir las donaciones en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas por sus campañas electorales. La mayor parte de los fondos que el partido abonó a Orange Market, 3,5 millones, fueron en b o provinieron de aportaciones prohibidas, concluye la Agencia Tributaria.

Las empresas de la red se encargaron de todos los actos de las campañas electorales de los populares en 2007 y 2008. Unos actos que según se desprende de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, a la trama le costaría más tarde cobrar. A pesar de ello, en la campaña de 2007 el partido solo contabilizó oficialmente una factura por servicios de Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, por importe de 175.000 euros.

Se trata de la factura 79/2007 que la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, imputada desde hace tres años por la financiación ilegal y pese a ello mantenida en el cargo por decisión de Génova, acaba de aportar al juez.