El fiscal pide imputar al exconsejero Fernández por las ayudas a una empresa

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, que cite a declarar como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en relación con las ayudas de más de 35 millones otorgadas por la Junta a la empresa A Novo Comlink España. De este modo, el ministerio público vuelve a poner el foco en las subvenciones concedidas por la Administración e insiste en la necesidad de despiezar la causa, “muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales”, tal y como ha solicitado ante la Audiencia de Sevilla.

Anticorrupción acusa a Fernández —ya imputado en la causa y que el pasado día 19 se acogió a su derecho a no declarar ante Alaya— y a otras 12 personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Con esos más de 35 millones de euros, señala la fiscalía, se pagaron las pólizas de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que A Novo Comlink encadenó hasta el 2010. A la lista se suman, entre otros, los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez; y los exdirectores generales del IFA e Idea Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano. Todos ellos ya imputados en la causa.

Los fiscales consideran que “existen elementos suficientes” para imputar a personas que, “de forma indiciaria, hayan participado en los hechos delictivos”; para que se adopten medidas cautelares “que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita” y para “ordenar la práctica de diligencias de instrucción” para su esclarecimiento.

Entre los señalados por el ministerio público, también están la exasesora de Empleo María José Rofa, el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz Ramón Díaz, los directivos de la empresa A Novo Comlink España S.L. Gilbert Weill, Carlos Castiñeiras y José F. Pardo; y el beneficiario de la póliza David Jiménez de Miguel para "recibirles declaración sobre su participación y conocimiento de los hechos". La fiscalía también reclama dar traslado de las actuaciones a la empresa matriz A Novo Francia como responsable civil subsidiario.