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A la calle tras denunciar el enchufismo

La directora de la oficina de empleo en Porriño alertó en 2012 a la Xunta de las irregularidades del gobierno local pero solo logró que la destituyeran

Nelson Santos, alcalde de Porriño
Nelson Santos, alcalde de Porriñolalo r. villar

“Hola, Alfonso, soy Aurora [exconcejala del PP en Nigrán], estoy dirigiendo la oficina de empleo de O Porriño. Conozco tu interés y tu defensa de los servicios públicos y es por este motivo que me atrevo a hacerte esta sugerencia”. El 3 de diciembre de 2012, a las 11,58 horas, la responsable de la oficina de empleo autonómica en O Porriño, Aurora Carbajales, dio la primera voz de alarma sobre el enchufismo institucional en ese municipio. Carbajales se armó de valor y envió un correo electrónico al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, informándole de la “mala coordinación” entre las dos oficinas de colocación de ese municipio: el Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG), dependiente de la Consellería de Traballo de la Xunta, que ella dirigía, y Porremprego, creada con el mismo objetivo y gestionada por el gobierno municipal, del PP. La misiva era sutil, pero alertaba de supuestas malas prácticas: “La imagen que damos en alguna [oficina de empleo] no es adecuada”, esbozaba la funcionaria el problema detectado en el organismo empleador controlado por el gobierno de Nelson Santos. No tuvo respuesta. Tampoco cuando trasladó abiertamente a sus superiores inmediatos las “irregularidades”. Por toda contestación, Carbajales recibió la notificación del cese en su cargo, de libre designación.

 Los correos electrónicos de la exdirectora del SPEG en O Porriño advirtiendo del supuesto enchufismo a la cadena de cargos de la Xunta forman ahora parte del sumario de la Operación Multiusos en la que están imputados el alcalde, Nelson Santos, que ha reconocido públicamente que colocaba a sus vecinos a dedo; el concejal de Empleo —del que depende Porremprego—, Alejandro Lorenzo; el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo y el director de Porremprego y exconcejal, José Manuel Cabanelas.

En los correos que envió a sus jefes y posteriormente a la Fiscalía, la funcionaria define la oficina de Porremprego como “una duplicidad” de la del INEM (ahora SEPE). Describe a Porremprego como un ente gestionado por el alcalde y sus más próximos concejales, situado frente al de la Xunta, que ella dirigía, lo que facilitaba al edil Alejandro Lorenzo “entrar a consultar datos de forma descarada” en la sede autonómica. Fue así como Carbajales asegura que descubrió que Porremprego manejaba “de forma ilícita datos personales de los demandantes de empleo inscritos en el SPEG que se derivan al SEPE”. “Sabe dios para qué fines pudieron ser utilizados…”, se pregunta en una de las misivas que envió cuando creía que podía poner fin a la situación que describía.

La exresponsable de la oficina autonómica detectó las anomalías en cuanto accedió al cargo: “Una vez en mi puesto como directora, ya comencé a observar conductas irregulares por parte de funcionarios de la propia oficina pública, tal y como me lo habían comunicado mis compañeras y algunos demandantes que por miedo no se atrevían a hablar nada más que en mi despacho”, relata en los correos incluidos en el sumario. Asegura que pudo constatar que el director de Porremprego “daba altas y bajas de demandantes de empleo sin estar presentes y sin que los mismos supieran nada al respecto” y que el funcionario municipal realizaba “cambios de ocupación para que salieran ofertas del Ayuntamiento y comunicaciones de sondeos libres por ocupaciones a empresarios conocidos que le llaman directamente o se los remitía vía fax desde la propia oficina”.

La ausencia de respaldo entre sus superiores la llevó a intentar poner freno ella misma “a este tipo de actuaciones, cuando menos irregulares”. Tampoco lo consiguió, por más que afirma que llegó a sentarse “al lado del funcionario mientras atendía a las demandas con el fin de evitar que siguiera con este tipo de conductas”. De nada sirvieron los escritos que remitió a la jefa territorial de empleo, María Peón. También s informó también a su jefe de servicio, Juan Pedrosa, y a la jefa de colocación, Teresa Soto, según consta en la documentación del sumario. Incluso llegó a pedir a sus superiores inmediatos que bloqueasen “algunos accesos de claves a datos del SEPE a José Manuel Cabanelas”. Todas sus denuncias cayeron en saco roto. “Porremprego comenzó a rechazar a todos los trabajadores que les mandábamos y a mí comenzaron a hacerme la vida imposible”, sostiene en los correos incluidos en el sumario Y esa “guerra abierta” entre ambos organismos desembocó en su cese.

El PP no quiere que se divulgue el sumario

Los imputados del grupo de gobierno de Porriño intentan apartar a la portavoz municipal socialista, Eva García de la Torre, abogada de profesión, como parte en la Operación Multiusos en la que está personada como acusación popular. La consideran responsable de la difusión del sumario, al que tienen acceso todas las partes desde que la juez levantó el secreto. Para echar de la causa a la socialista han presentado un escrito de reforma, desestimado por la juez, en el que piden la imputación de los ediles del PSdeG que participaron en el gobierno bipartito presidido por el nacionalista Raúl Francés entre 2003 y 2007. Alegan que el exregidor pagó a los trabajadores contratados por colaboración social por encima de la base de cotización. Un hecho que en su momento el BNG justificó aduciendo que de esa forma igualaba los sueldos de todos los trabajadores que realizaban la misma tarea en la misma jornada.

Aunque durante aquellos años los socialistas no estaban al frente de la concejalía de Empleo y García de la Torre no formaba parte de la corporación, entienden Santos y sus ediles de confianza que los socialistas tuvieron una actuación constitutiva de “algún tipo penal” por lo que “resulta evidente y lógico que se deberá imputar” a quienes hubieran tenido participación "directa o indirecta” en aquella actuación. Un hecho que les lleva a concluir que de esa forma “ni el PSdeG ni el grupo municipal socialista a través de García de la Torre podrá estar personado como acusación popular”.

Los imputados del PP creen que “resulta palmario y evidente” que García de la Torre “intenta sacar unos réditos personales o partidistas” y convertir el procedimiento “en una serie periodística por entregas” ya que sostienen que desde que ella está personada “hay un goteo constante en los medios de comunicación” de la instrucción judicial “con entrega de transcripción de conversaciones incluido”.

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