El Parlamento pide a Rajoy que acabe con la política de dispersión de los presos

Con motivo de los 25 años que recientemente ha cumplido la política de dispersión de presos de ETA en las cárceles de toda España y Francia, el Parlamento ha debatido este jueves durante su pleno lo que tantas y tantas veces ha tratado –más de 200 iniciativas, ha resaltado el grupo proponente, EH Bildu-. En la misma semana en la que se ha conocido que Instituciones Penitenciarias ha rechazado algunas de las primeras peticiones de presos enfermos o mayores, impulsadas como la primera fase de un proceso iniciado por el colectivo de presos EPPK, la Cámara ha aprobado una resolución en la que pide a Mariano Rajoy el final de la dispersión porque "no es conforme a las recomendaciones y principios internacionales para el tratamiento de detenidos y encarcelados" y es "origen de vulneraciones de derechos". La legislación "no impide" el final de esta política, resalta la resolución.

El PNV ha apoyado el texto de EH Bildu con peticiones al PP y al Gobierno central a que escuche las reivindicaciones del Parlamento, pero al mismo tiempo ha señalado que, tras la reflexión realizada el EPPK en Durango a finales de 2013, los reclusos de la banda precisan de "cobertura política", ha considerado apuntando a la coalición. “Los jueces han intentado decir que todo es ETA y eso es una mentira redonda, pero sí es cierto que todos los presos de ETA son de la izquierda abertzale, y la realidad es que toda la carga en términos políticos está recayendo en los presos”, ha reflexionado el portavoz del PNV, Joseba Egibar. Tanto PSE como PP han recordado al PNV que apoyó en el momento de su implantación la política penitenciaria y los peneuvistas han señalado que apostaban por una separación entendida como "alejamiento" cuando "podía ser por módulos". También han resaltado que hoy en día la legislación se tiene que "adaptar a la nueva realidad", con el cese de la violencia de la banda en 2011. 

Las reivindicaciones del Legislativo de Vitoria han caído en saco roto hasta la fecha en la institución encargada de la política penitenciaria, el Gobierno central, que mantiene la misma política penitenciaria pese a que el Gobierno vasco actual, del PNV, y el anterior, del PSE, reclamaron a sus responsables cambios ante la nueva situación sin la violencia de ETA. El portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha recordado que el Parlamento defendió la política penitenciaria actual en noviembre de 2009, cuando con la ilegalización de la izquierda abertzale como partido hizo que PSE, PP y UPyD sumaran mayoría. El portavoz de la coalición ha pedido esta nueva resolución para "corregir" el posicionamiento público del Parlamento sobre esta cuestión.

“La política de dispersión nació por ETA y morirá con ETA, que mantiene su tozudez en no disolverse”, ha asegurado el portavoz del PP, Borja Sémper, que ha insistido en que es la propia banda la que ha “negado la libertad” a sus presos al rechazar la petición individualizada de beneficios penitenciarios. El PP ha basado su discurso en el debate en que se sigue apostando por un enfoque colectivo desde los presos a la hora de pedir excarcelaciones o beneficios penitenciarios. “El Gobierno no va a aceptar la interlocución de ningún colectivo para hablar de política penitenciaria. Reinserta a individuos, no a colectivos”. A esa negativa a una interlocución con el EPPK, el portavoz peneuvista ha cuestionado al PP: “¿Este Parlamento puede ser el interlocutor? ¿Lo que aquí se resuelve sirve para algo o no sirve para nada?”.

El socialista Rodolfo Ares ha vuelto a apostar por la llamada vía Nanclares o vía Zaballa, iniciada por un grupo de presos de ETA que reconocieron el daño causado. El portavoz en esta materia del PSE ha felicitado a Arzuaga porque esta vez no ha utilizado el término de "presos políticos", lo que ha considerado un "avance". Arzuaga ha asegurado que se ratifica en lo que recoge el diario de sesiones -en 2013 hubo una agria polémica con el mismo parlamentario porque llamó presos políticos a los reclusos de ETA-, pero ha evitado utilizar esos términos en el turno de réplica. 

Como es habitual en esta materia, UPyD ha negado todas y cada una de las afirmaciones de la coalición abertzale y ha defendido que “la dispersión es perfectamente legal, no vulnera ningún derecho fundamental y es respetuosa con los derechos humanos”. Su parlamentario Gorka Maneiro ha asegurado que la dispersión “tiene todo el sentido del mundo con una banda que se niega a disolverse” y sigue viva, “amenazante”, ha señalado. Las reivindicaciones de EH Bildu tienen un único objetivo, según UPyD, que es lograr la “máxima impunidad posible”.