La Junta reclama en firme a UGT 1,8 millones de ayudas sin justificar

La investigación abierta por la Junta de Andalucía sobre las ayudas públicas que desde 2008 ha recibido la Unión General de Trabajadores arroja ya alguna luz sobre su utilización. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha reclamado en firme a UGT el reintegro de 1,8 millones de euros por dos ayudas recibidas para políticas activas de empleo sin justificar. Pero además mantiene abiertos otros 19 expedientes que están aún en distintas fases de instrucción, y a los que el sindicato puede presentar alegaciones. Estos 19 expedientes suman un total de 15,2 millones de euros en subvenciones, una cifra que está en cuestión pero no implica que sea esa la cantidad final que se vaya a exigir.

Los 21 expedientes están en manos de la fiscalía, del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, del grupo popular y también son conocidos por el de Izquierda Unida, según fuentes de la Junta.

El consejero de Economía, el socialista José Sánchez Maldonado, detalló este jueves el estado de los procedimientos que afectan a UGT en una comparecencia parlamentaria a petición propia. De los 21 expedientes abiertos, únicamente dos han acabado todo su recorrido administrativo. Estos corresponden a ayudas de la dirección general de Políticas Activas de Empleo. Uno por importe total de 5,7 millones de euros, de los que se ha pedido el reintegro de 1,06 millones; y otro por 4,5 millones, del que se ha reclamado la devolución de 739.659 euros por no estar justificados.

Antes de final de este mes, Economía estima que habrá finalizado el análisis de otras dos ayudas y es muy probable que la cantidad a devolver por el sindicato ugetista sea también de 1,8 millones de euros, según fuentes de la Junta. La devolución de este dinero público pondría en situación agónica a UGT de Andalucía, que ya atraviesa por un estado económico crítico. No obstante, el sindicato puede recurrir al contencioso-administrativo lo que le daría un respiro temporal hasta que los tribunales decidan.

La investigación interna de la Junta se inició a raíz de la publicación en los diarios El Mundo y Abc de un goteo de noticias que denunciaban el uso irregular del dinero público, como el pago de una comida en la Feria de Abril de Sevilla, la adecuación de un pabellón deportivo para una reunión sindical o la compra de maletines de piel y bolígrafos de imitación de diseñadores españoles encargados en fábricas de Asia.

Los expedientes de Economía afectan a tres ámbitos directivos: Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Laboral y Políticas Activas de Empleo. Se trata de ayudas para actividades de diversa tipología como la difusión de iniciativas sobre negociación colectiva, campañas en materia de prevención o divulgación de los acuerdos de concertación, entre otras.

A la investigación de Sánchez Maldonado hay que añadir la que realiza la Consejería de Educación, que, desde 2012, tiene las competencias en materia de cursos de formación. En este departamento hay 41 expedientes abiertos a UGT, de los que en tres casos se ha iniciado la petición de reintegro. A diferencia de Maldonado, el titular de Educación, Luciano Alonso, se niega a facilitar la cantidad que se está revisando, hasta en tanto la tramitación no sea definitiva. Entre las dos consejerías se han abierto a UGT 62 expedientes.

Durante la comisión, los socios del Gobierno andaluz discreparon. La diputada de IU Rosalía Martín afirmó que “los controles” de la Junta “están fallando desde hace mucho tiempo”, que el área de Empleo “está hecha un desastre” y que Economía debía haber trasladado al juzgado la información y no esperar a la petición judicial. “Esas son responsabilidades penales, no vamos a consentir manifestaciones fuera de lugar”, replicó el socialista Carmelo Gómez, quien subrayó que hay que “dar al reo”, en alusión a UGT, “la posibilidad de explicarse” en el trámite administrativo. El popular Rafael Carmona se quejó de que Maldonado no detallara las irregularidades. “Hay corrupción en todos los sitios”, proclamó.