La Generalitat rebajará el sueldo a los funcionarios que menos rindan

El Gobierno catalán impondrá evaluaciones entre los funcionarios de la Generalitat. Ese es uno de los ejes sobre los que girará el Plan de Reforma y Modernización de la Administración que aprobará hoy el Ejecutivo de Artur Mas. El objetivo, según explicó ayer el secretario general de Gobernación, Lluís Bertran, es mejorar la eficiencia y la productividad del cuerpo de trabajadores públicos. De los resultados de ese control sobre los funcionarios dependerán diferentes condiciones laborales: desde la retribución hasta la promoción interna, además de la detección de carencias y sus necesidades formativas.

Pero la evaluación podrá tener también consecuencias contrarias a los intereses de los empleados analizados. "En casos de evaluaciones negativas reiteradas podría llegar a comportar, en casos extremos, la desvinculación o la remoción en el puesto de empleo que se ocupa", señaló Bertran en la comisión parlamentaria. Posteriormente, la vicepresidenta Joana Ortega matizó que no se tratará de despidos, prohibidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, sino de rebajas en el escalafón laboral.

La propuesta de la evaluación que ahora propone el Gobierno catalán, y que tendrá que ser legislada en el Parlamento, surge de los diferentes informes que ha solicitado el departamento para encauzar una reforma que analiza desde hace al menos dos años. Según las pretensiones con las que parte Gobernación, está previsto introducir cambios en el sistema de reclutamiento del personal, en los que se tendrán que acreditar conocimientos de idiomas para poder aspirar a determinados cargos, a los que se accederá después de hacer pruebas específicas. Ortega incidió en la necesidad de impulsar la meritocracia y aseguró que el nuevo modelo deberá contribuir a aprovechar mejor el 40% de los empleados de la Generalitat que cuentan con una formación superior a los empleos que cubren.

La otra gran novedad de la reforma que impulsa Ortega es la creación de una nueva categoría laboral, que en el escalafón se situará entre los cargos políticos y los técnicos y a la que el Gobierno se refiere como dirección pública profesional. La vicepresidenta se refirió a esta como "un cuerpo intermedio" con el que "se trata de profesionalizar la Administración". "Tendrán que tener tanto profesionalidad técnica como confianza en el ámbito político y, a la vez, capacidad de dirección, de liderazgo y de motivación de sus equipos", señaló Bertran, quien explicó que su retribución estará regida por objetivos determinados previamente. La creación de este rango profesional en la Administración es una de las primeras medidas que prevé impulsar el Gobierno: la memoria preliminar de la ley que la regirá se aprobará de forma inmediata.

La otra gran novedad de es la creación de una nueva categoría laboral, que en el escalafón se situará entre los cargos políticos y los técnicos

Ortega también subrayó el interés del Ejecutivo de extender la colaboración público-privada, a través del partenariado institucional. La vicepresidenta no concretó cómo se impulsará y tan solo afirmó que debe servir para "proveer servicios y las infraestructuras necesarias",

Ortega encargó tres informes a expertos para lanzar la reforma de la Administración. El más polémico de todos fue el del grupo que encabezó el catedrático Guillem López Casasnovas que abogaba por una Administración pública con mayoría de personal laboral en la que solo sean funcionarios los profesionales con responsabilidades como la seguridad o la contratación pública.

El informe, que avanzó este diario en mayo del año pasado, provocó el rechazo de la oposición y los sindicatos de la función pública, que añadían otro motivo de enfado a los recortes que sufren desde 2012. Ayer, la vicepresidenta reiteró que "el hecho de reformar la actual estructura no implica ningún despido y nadie perderá su condición de funcionario".

El informe, que avanzó este diario en mayo del año pasado, provocó el rechazo de la oposición y los sindicatos de la función pública, que añadían otro motivo de enfado a los recortes que sufren desde 2012. Los 160.000 empleados de la Generalitat (230.000 si se cuenta todo el sector público) afrontaron en 2012 por primera vez un recorte sin precedentes, con medidas como la eliminación de una paga extra o la reducción de un 15% de jornada y sueldo de los interinos (unas 6.700 personas). Ambas medidas, todavía vigentes, fueron coyunturales, pero la administración catalana aplicó también recortes estructurales (como la reducción de días de asuntos personales o la eliminación de tíckets comedor) se logró un ahorro de 625 millones de euros.

En julio del año pasado, en su última comparecencia en el Parlament,, la máxima responsable de la administración catalana, la vicepresidenta, Joana Ortega, defendió los recortes aplicados sobre la administración pública catalana en los dos últimos años con el argumento de que se han hecho para evitar males mayores. Ortega aseguró que recortes como no pagar la extra o reducir la jornada y el sueldo un 15% a 6.800 interinos han evitado el despido de 24.000 empleados públicos. El cálculo sale de dividir los 730 millones de euros de recorte anual entre 30.000 euros de sueldo medio en la Administración.