La Junta intenta evitar que los alcaldes dejen de prestar servicios públicos

El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que pretende clarificar las competencias que mantienen Ayuntamientos y Diputaciones tras la entrada en vigor en enero de la reforma local diseñada por el Ministerio de Hacienda, que afecta, principalmente, a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, ha presentado este martes esta norma como un blindaje de las competencias que tienen ahora los alcaldes y, a la vez, como un instrumento para evitar que algún municipio se desentienda de servicios públicos que hasta ahora daban. "Ningún Ayuntamiento ni Diputación podrá escudarse en la reforma local para dejar de prestar un servicio", asegura Valderas.

El Ejecutivo andaluz sostiene que la reforma del ministerio entra en conflicto con el Estatuto y las leyes locales aprobadas antes por el Gobierno autónomo. Entiende que la nueva ley estatal no puede modificar este marco ni el reparto de competencias. Por eso la Junta saca adelante ahora un decreto que pretende “desactivar” la reforma local del PP, según Valderas. En el decreto andaluz se establecen las competencias concretas que son de los Consistorios, como las relativas a la vivienda protegida, los servicios sociales y algunas sobre escolarización y salud pública. En total, 28 áreas en las que los alcaldes tienen responsabilidades. Andalucía, además, recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma local a finales de marzo al entender que invadía competencias autonómicas.

No hay conflicto alguno, ha sido la respuesta que ha recibido la Junta por parte del Ministerio de Hacienda. “No creemos conflictos donde no los hay”, ha dicho este martes el ministro Cristóbal Montoro, de visita en Sevilla en un acto del PP con empresarios. Según su interpretación, la norma estatal “no entra para nada en la definición de competencias que tienen los Estatutos de autonomía”. Por ello Montoro considera “innecesario” que la Junta apruebe un decreto que delimitar las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones. El ministro ha anunciado que el Gobierno convocará una comisión mixta —un instrumento de diálogo bilateral entre el Estado y las comunidades— para abordar este asunto. En esa reunión, el Gobierno explicará a Andalucía que “no hay ningún problema de competencia: la Junta tiene las que tiene en ámbito local y nadie las discute y son las del Estatuto”, ha sostenido Montoro. Valderas ha lamentado que Hacienda no haya querido reunirse con su equipo hasta que la Junta ha aprobado el decreto ley.

En un contexto en el que las relaciones entre La Moncloa y San Telmo se han basado en recursos de inconstitucionalidad, la convocatoria de la comisión mixta supone un paso importante para intentar resolver un problema entre las dos Administraciones. Sin embargo, la convocatoria de la comisión no impide que el Gobierno pueda recurrir también la norma en el futuro.

Otras comunidades autónomas, ha recordado Valderas, han aprobado decretos “del mismo tenor” que el presentado este martes por el Gobierno andaluz. Es el caso de la Junta de Castilla y León, en manos del PP, que a finales de marzo publicó un decreto ley muy parecido al andaluz. Pero, al contrario de lo expuesto este martes por Valderas, el Gobierno castellanoleonés consideró “que la norma estatal es constitucional y estatutaria y, en consecuencia, municipalista”. Castilla y León argumentó que su decreto buscaba clarificar “las competencias de las entidades locales” para evitar “resultados indeseables o disfuncionalidades en la prestación de servicios”.

Al margen del conflicto que pueda surgir entre la Administración central y andaluza por el nuevo decreto ley, en los últimos meses ya se han dado algunos encontronazos entre la Junta y alguna capital gobernada por el PP. Los Ayuntamientos de Jaén y Sevilla han empleado la reforma local como argumento para dejar de prestar algún servicio. En el caso de la capital andaluza con la supresión de programas de empleo. En Jaén, con la eliminación de servicios de dependencia. En ambos casos, se trata de competencias que no son municipales. Pero los Ayuntamientos estaban prestándolas a través de convenios firmados con la Junta. El decreto aprobado este martes también establece el procedimiento para “la adaptación de los convenios firmados” por ambas Administraciones.