El Gobierno antepuso el pacto con las diputaciones a la contratación de parados

El Gobierno priorizó en otoño de 2013 sacar adelante iniciativas de innovación y un pacto para financiar obras con las diputaciones para poner en marcha desde nuevos sistemas de regadío en Álava hasta la línea 3 del metro de Bilbao, frente a la posibilidad de activar los planes locales de empleo, que suponen subvencionar a los ayuntamientos para que contraten por al menos tres meses a parados de larga duración, jóvenes y perceptores de ayudas sociales.

Euskadi no consiguió el pasado año la relajación del objetivo del déficit que preveía, del 1,3%, y se quedó en un 1,2%, sin que la negociación País Vasco-Madrid posterior impulsada por la relación bilateral entre ambos en esta materia hiciera cambiar de parecer al Gobierno central para que Euskadi pudiera endeudarse más. En los meses previos a la confirmación del porcentaje final por parte del ministerio, el Departamento de Hacienda negoció con las diputaciones para repartir el dinero adicional previsto con forma de plan de obra pública que, una vez conocido el detalle de la relajación del objetivo del déficit, se firmó sin contratiempos por 180 millones de euros —54 de ellos en préstamos del Ejecutivo para que los entes forales impulsaran varios proyectos en solitario, dinero que salió de “excedentes” del programa de becas educativas—.

Lo que sí los tuvo fue el plan de empleo local. Su normativa fue tramitada por el Departamento de Empleo para tratar de poner en marcha las contrataciones desde 2013. Después de una tramitación de meses, el Consejo de Gobierno aprobó el 16 de octubre la convocatoria para contrataciones municipales “con especial incidencia en el empleo joven y en otros colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral” por 20 millones de euros. Un tercio debía estar reservado para perceptores de ayudas sociales y el resto debía repartirse entre menores de 35 años, mayores de 45 años, parados de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, discapacitados o mujeres víctimas de violencia de género.

Pero el dinero no llegó porque la relajación del objetivo del déficit fue del 1,2% en vez del 1,3%. La diferencia entre un porcentaje y otro no era pequeña: tener la capacidad de endeudarse entre 65 y 70 millones más. El propio consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, señaló en mayo de 2013 que con el 1,3% se activaría un fondo de innovación de 20 millones, otro de empleo por 45 millones y uno más de emprendimiento por cinco millones. La cantidad añadida que eso permitió endeudarse al Gobierno vasco se empleó en las obras recogidas en el plan interinstitucional firmado con las diputaciones. El consejero de Empleo, Juan María Aburto, señaló públicamente hace una semana que su intención era activar la convocatoria “pensando que con la relajación del objetivo del déficit” se podrían poner en circulación 20 millones de euros pero “finalmente no pudo ser así”.

Hacienda se limita a indicar que“no tiene nada

Empleo mira a Hacienda, el mismo departamento al que apuntó Educación al ser preguntado por los 54 millones de euros de becas que se dirigieron a la consejería de Gatzagaetxebarria para que éste los convirtiera en préstamos para el plan de obras de las diputaciones. El Departamento de Hacienda se limita a indicar que “no tiene nada que decir”. Y Lehendakaritza asegura que, del plus de endeudamiento permitido, la parte que no fue al acuerdo de las diputaciones se concentró en innovación, Osakidetza y el pago de ayudas sociales. Los mismos portavoces oficiales de Presidencia señalan que cada departamento prioriza y deslizan que Empleo tuvo que afrontar un incremento de pagos de ayudas sociales a finales de año porque éstas se “dispararon”. Las ayudas sociales están clasificadas presupuestariamente como gasto corriente, mientras que, según recoge el Estatuto, la deuda debe estar dirigida a inversiones.

Al margen de las responsabilidades, los hechos objetivos se centran en que el pago de los planes locales de empleo se congelaron hasta nada menos que abril de 2014. Entre medias, Hacienda volvió a pedir prudencia en el gasto a las consejerías y una “inmovilización” de créditos, un bloqueo de dinero que ya no está en marcha después de la advertencia lanzada por el PSE. Seis meses y seis días después, en abril de 2014, se liberó el dinero de los planes locales de empleo. Medio centenar de ayuntamientos y mancomunidades se han sumado al programa para contratar a los colectivos desempleados más vulnerables.