Vecinos de Vinaròs piden que se asuman responsabilidades políticas por Castor

Varias asociaciones vecinales, expertos y cargos políticos de Castellón han mostrado este lunes su satisfacción por tener ya la "certeza incontestable" de que la inyección de gas del proyecto Castor provocó los seísmos del año pasado, según asegura un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) conocido hoy.

Las plataformas de vecinos afectados han pedido al Gobierno que "asuma los gastos" que se puedan generar con el cierre definitivo de la actividad en la planta Castor, situada frente a las costas de Vinaròs.

Además, el portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, ha pedido a las autoridades "que asuman las responsabilidades" para que los ciudadanos no paguen "en la factura de la luz" los efectos del "mal proceder de los políticos". Fabregat ha recordado que antes de que se construyera la planta les aseguraron que los informes garantizaban la seguridad, y ahora "ha quedado demostrado que esto no era así". "Los vecinos ya sabíamos que existía esa relación causa-efecto" entre la inyección de gas en el almacén marino y los seísmos, ha añadido el portavoz vecinal.

Por su parte, el experto en riesgos naturales y vocal del Colegio de Geógrafos de España Jonathan Gómez Cantero ha explicado a EFE que con el informe del IGN se confirma "lo que ya se podía intuir". La relación causa-efecto entre los seísmos y la actividad del Castor, según Gómez Cantero, "pone de manifiesto las carencias en la normativa ambiental española" que "expone a la población a riesgos naturales sin haberlos estudiado previamente".

En cuanto a la existencia de una falla sin cartografiar que recoge el informe, el experto ha dicho que "ya se podía prever su existencia al observar la alineación y situación de los seísmos".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha recalcado que existe "el compromiso del ministerio de que el Castor no se reabrirá si no hay plenas garantías de que no habrá riesgo sísmico".

Según Moliner, "el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando para poner una solución a la nefasta gestión de dos gobiernos socialistas y cuatro ministros del PSOE", y para que esta gestión "no afecte a los ciudadanos". El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, también ha culpado de la obra al PSOE, y ahora ya no caben "excusas" ni demoras. "Desde la Administración tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia y en beneficio de la seguridad de los intereses de los ciudadanos", que está "por encima del interés" de un grupo empresarial, ha afirmado.

La empresa Escal UGS, concesionaria del proyecto, ha rechazado hacer declaraciones.

Por su parte, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) ha adelantado que este martes llevará a la fiscalía de Castellón el informe del IGN. El documento fue reclamado al Gobierno por el diputado de IU en el Congreso Ricardo Sixto, quien ha pedido la paralización definitiva de la planta Castor y su desmantelamiento, así como la comparecencia del ministro de Industria, José Manuel Soria.