Bruselas multa a Euskadi con 30 millones por las vacaciones fiscales

Euskadi ya sabe cuál es el precio de ningunear a la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto a Euskadi -oficialmente al Reino de España- una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales. Aunque las haciendas forales ya han recuperado el 100% de estas ayudas (alrededor de 500 millones de euros), el problema es que tardaron más de una década, desde que las instituciones comunitarias pidieron a las diputaciones que las recuperaran. Las ayudas, que ya están derogadas, se concedieron en forma de créditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creación durante los cuatro primeros años que obtuvieran beneficios. Europa penaliza con 30 millones que Euskadi mirara para otro lado cuando la normativa comunitaria obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas en los años noventa a empresas vascas, conocidas como "vacaciones fiscales".

 El Tribunal de Justicia estima que "está justificado condenar a España a pagar una suma a tanto alzado" ya que "el procedimiento de recuperación de las ayudas ilegales se prolongó durante más de cinco años después de que se dictara la sentencia de 2006, y que este retraso no podía achacarse a dificultades relacionadas con la recuperación de las ayudas". "Por otro lado, las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuantía y al gran número de beneficiarios de las mismas, razón por la cual habría debido privarse a éstos sin demora de la ventaja de la que habían disfrutado ilegalmente frente a sus competidores", apunta el fallo.

La CE comenzó

La sanción es, no obstante, menor que la que había propuesto la abogada general del TJUE, que ascendía a 50 millones de euros. Las subvenciones en cuestión fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006. El caso se remonta a 2001, cuando la Comisión declaró ilegales seis regímenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia y exigió su devolución. La Comisión Europea (CE) solicitó a este tribunal que impusiera a España una multa de 64.543.000 euros, es decir, 25.817,4 euros por día transcurrido desde la sentencia en la que constataba que las ayudas eran ilegales y pedía su devolución. Una de las abogadas generales del tribunal apoyó en enero imponer una sanción a España, aunque propuso una cantidad menor que la sugerida por la CE, de 50 millones. La letrada subrayó entonces que, si los jueces aceptan finalmente esa multa, será la suma a tanto alzado más elevada impuesta hasta ahora por la corte.

La abogada argumentó que España merece la sanción porque tanto la cuantía de las ayudas ilegales como la demora en su recuperación son considerables y porque la infracción reviste tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros durante un largo período de tiempo. Aunque las recomendaciones del abogado general no tienen carácter vinculante, el Tribunal de la UE suele seguir la opinión en la mayoría de los casos. La decisión del Tribunal de Justicia no será recurrible. Las conocidas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas vinculadas a la exención del impuesto de sociedades, la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades y al crédito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones. El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que los otros dos siguen pendientes de sentencia del Tribunal.

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de las ayudas

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas. La CE inició un procedimiento de investigación formal sobre este caso en 1999 a raíz de una denuncia y en 2001 llegó a la conclusión de que constituían ayudas estatales incompatibles con el mercado común, por lo que debían ser suprimidas y los beneficiarios devolver los importes que habían recibido. El Ejecutivo comunitario, ante la falta de respuesta de España a su petición, decidió dar un paso e interponer seis recursos por incumplimiento contra el país en noviembre de 2003. El Tribunal de Justicia confirmó en 2006 que España había incumplido la orden de la Comisión y urgió al país a recuperar las ayudas.

Cinco años después, la CE consideró que España seguía sin cumplir con esa sentencia de 2006 y presentó el presente recurso en el que solicitaba a la máxima instancia judicial comunitaria que condenase a España al pago de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado. Sin embargo, en 2013 se celebró una vista pública en la que la Comisión admitió que, aunque tarde, España ya había recuperado todas las ayudas pendientes y como consecuencia retiró su petición de multa coercitiva, pero mantuvo el de la suma a tanto alzado. Los jueces de Luxemburgo decidirán mañana sobre esta cantidad a tanto alzado. Ante la posible interposición de una multa, el diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), propuso recientemente que el Gobierno Vasco asuma el 70 por ciento del importe, porque, argumentó, de la misma manera que ese porcentaje de los ingresos por las 'vacaciones fiscales' le correspondieron, también debe cubrir ese mismo porcentaje de la sanción.

Bizkaia defiende

A partir de ahora las instituciones van a debatir cómo se reparten el pago de la multa. Gipuzkoa y Álava creen que el Gobierno vasco debería afrontar el pago del 70% del total ya que el 70% de los ingresos fiscales van al Gobierno. Bizkaia defiende que cada institución se haga cargo de las cantidades que debían recuperar en cada territorio. Según la abogada general, la cuantía total a recuperar ascendía a 322,3 millones de euros, de los que 212,4 millones (65,89 %) se produjeron en Alava; 68,7 millones (21,31 %) en Bizkaia, y 41,2 millones (12,8 %) en Gipuzkoa. Alava se ha opuesto a esta solución por ser la más perjudicada, aunque también la rechaza Gipuzkoa, que cree que lo primero que deben aclararse son las "responsabilidades políticas", ya que cuando se aprobaron las "vacaciones fiscales", quien gobernada en ese territorio era el PNV.