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Alaya acusa de recibir comisiones ilegales a un exasesor de Monteseirín

La magistrada levanta parte del sumario de la Operación Madeja

Castaño tuvo un incremento “injustificado” de su patrimonio de 303.458 euros

Castaño, sale en julio de uno de los registros en sus casas. Ampliar foto
Castaño, sale en julio de uno de los registros en sus casas.

Casi un mes es lo que ha tardado la juez Mercedes Alaya en aceptar la petición formulada por los abogados de varios imputados en la bautizada Operación Madeja, que desde el pasado mes de julio investiga una trama de comisiones y regalos a altos cargos de diversos Ayuntamientos andaluces, principalmente el de Sevilla, y canarios. Los letrados acordaron a mediados de abril solicitar a la magistrada que levantara el secreto de sumario, prorrogado hasta en nueve ocasiones. Este lunes, Alaya aceptó. Pero solo parcialmente.

El levantamiento afecta a la parte en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, exasesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y de su esposa Ana María Vaquero, también imputada. Según la instructora, Castaño recibió regalos, dádivas y comisiones por la adjudicación de dos concursos públicos a las empresas Fitonovo y Fiverde por valor de 5,4 millones de euros. Esas dádivas se habrían traducido en un incremento injustificado de su patrimonio de 303.458 euros, según un informe de la Guardia Civil.

El que fuera director de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2007 fue detenido el pasado 9 de julio a raíz de las investigaciones derivadas del caso Mercasevilla sobre las presuntas irregularidades en la venta de estos terrenos y en el que Alaya siempre ha considerado que Castaño tuvo “una participación decisiva”. Según el auto de la declaración de Castaño —quien quedó en libertad en agosto tras pagar 60.000 euros de fianza—, en la que el exasesor se acogió a su derecho a no declarar, la magistrada mantiene que el incremento patrimonial del matrimonio “podría tener lugar por regalos y cobros de comisiones ilícitas” a cambio de la “decisiva influencia o intervención” de Castaño en la adjudicación de dos contratos públicos a Fitonovo y Fiverde —“entidades que comparten sede y unidad de dirección como si se tratara de una sola, siendo jefe de ambas Rafael González”—.

El ex alto cargo adjudicó concursos a Fitonovo y Fiverde por 5,4 millones

Por un lado, un contrato de cuatro años para el mantenimiento de los jardines de los sectores Macarena y Centro (2,8 millones); por el otro, para el mantenimiento de las áreas de juegos infantiles (2,6 millones). Asimismo, la magistrada asegura que, a partir de 2006, se detecta “un incremento de la facturación de estas sociedades con el Ayuntamiento de Sevilla”.

Según Alaya, Castaño habría incrementado su patrimonio en 303.458 euros, de los cuales 193.856 euros carecen de “justificación” y otros 109.602 euros que “no habrían sido retirados de ninguna de sus cuentas”, según el periodo investigado por la Guardia Civil, entre enero de 2005 y diciembre de 2011. En su escrito, Alaya descarta que ese dinero pueda proceder “del reducido ejercicio profesional de su esposa Ana María Vaquero como abogada”. La Guardia Civil precisa que las “comisiones” en bienes o servicios habrían sido de 63.431 euros, mientras que en efectivo ascenderían a 30.000 euros. “El incremento patrimonial” mencionado “es imposible de lograr de no ser con los ingresos y pagos en efectivo sin justificar, los cuales pudieran proceder de comisiones ilegales”, agrega.

Entre los regalos o dádivas fruto de la “muy fluida” relación entre Castaño y Rafael González, Alaya señala la compra de dos vehículos de alta gama —un Honda CRV y un Audi A-4—, de siete teléfonos móviles por valor de 2.804 euros —bajo anotaciones como Quique, Don Enrique o Ayto. Sevilla Don Enrique— o el pago por parte de Fitonovo de una factura por valor de 14.384 euros por unas obras en el chalet que el matrimonio tiene en Las Pajanosas (Guillena). A esto se sumaría, según Alaya, pagos realizados por Castaño y su mujer que “no proceden de sus cuantas bancarias” y que ascendían hasta los 27.463 euros.

La magistrada atribuye a Castaño su supuesta implicación en la financiación ilegal del PSOE, tal y como ya declaró el pasado 11 de junio Rafael González. Según el auto, Castaño le pidió a González 60.000 euros “para la financiación del partido”, cantidad que tras las negociaciones quedó reducida en 30.000 euros. En su declaración, el empresario aseguró que el exasesor le dijo que el dinero era para el PSOE y admitió que “no era a cambio de nada porque los contratos ya estaban dados”. Los 30.000 euros fueron entregado en un sobre en las oficinas de Fitonovo después de la compra del Audi, matiza la juez en el auto en el que envió a prisión a Castaño acusado de cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación y exacciones ilegales y le impone una fianza por responsabilidad civil de a 7,6 millones.

La juez dice que las obras en una sede del PSOE se pagaron con facturas falsas

La juez también acusa a Fitonovo de realizar las obras de acondicionamiento del local de del PSOE de la agrupación Macarena, a la que pertenecía Castaño. Las obras, según Alaya, se hicieron con una “factura falsa” a petición del exasesor que había solicitado que se facturara a nombre de una empresa dedicada a la desratización. Pero no sería la única. En el atestado, los agentes también alertan sobre el hecho de que, en la relación entre Castaño y Fitonovo, “se han detectado varios supuestos delitos de falsificación de documento mercantil en relación a varias facturas con dos proveedores diferentes al objeto de ingresar los importes de dichas facturas en una supuesta caja b de la citada mercantil”.

La conexión entre el caso Mercasevilla y la Operación Madeja queda también reflejada en la indemnización que Castaño recibió tras su cese en la empresa Desarrollos Urbanísticos de Sevilla Este (Duse), filial de Sando y en la que trabajó desde 2007 a septiembre de 2009. La magistrada apunta que el exasesor cobró 25.000 euros “que excedían de la cantidad pactada” por su “labor promocional” ante Mercasevilla del grupo Sando, que se adjudicó a través de Sanma el concurso para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla. Esa cantidad, según la magistrada, se podría interpretar “como una compensación adicional por los servicios prestados” a la constructora andaluza.