Díaz Ferrán vendió en secreto los buses urbanos de Santiago a Monbus

Raúl López, el dueño del conglomerado de transportes Monbus, y el expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, hoy encarcelado y pendiente de juicio con una solicitud de pena de 15 años de prisión por un rosario de delitos económicos, fueron socios hasta que el tinglado de Marsans empezó a desmoronarse en los juzgados. Después, durante los meses previos a la declaración de quiebra del gigante turístico y cuando, según numerosos testigos que han comparecido en diversas sedes judiciales, los números ya habían dejado de cuadrar en la madeja de sociedades de Díaz Ferrán, el empresario lucense empezó a hacerse con sociedades, concesiones y hasta con parte de la flota de autocares de Marsans. Solo en Santiago, Monbus y sus firmas satélites se hicieron entonces con la totalidad de la concesión de los autobuses urbanos, la gestión del mercado de ganados y el control de la explotación de un complejo de ocio en el Multiusos Fontes do Sar. En otras ciudades españoles como Guadalajara se repitieron tratos parecidos.

Acreedores de Díaz Ferrán —entre los que figuran Meliá, AC Hoteles y Pullmantur— que reclaman 40 millones de euros tras la declaración concursal acusan por ello a López de ayudar a Díaz Ferrán a vaciar patrimonialmente las sociedades y ha pedido sin éxito que se considere al empresario lucense, a Monbus y a algunas de sus filiales responsables civiles subsidiarios del presunto fraude. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco —que ha dictado orden de juicio oral contra el expresidente de la patronal y sus colaboradores, a los que pide una fianza de más de 1.100 millones de euros— ha rechazado esa solicitud de los acreedores —a los que invita a iniciar acciones por la vía civil— y estos han iniciado los trámites de su previsible recurso contra ese auto.

Ni López ni Monbus están imputados en la Operación Crucero que investiga el presunto vaciado del emporio Marsans. Entre las operaciones que realizaron ambos empresarios en vísperas de la declaración de concurso está la compra por parte de López de la mitad que Díaz Ferrán tenía en la UTE que explotaba el transporte urbano de Santiago.Ese traspaso se oficializó un mes antes de que aflorase la quiebra de Marsans. El 12 de mayo de 2010 —13 días antes de que el Juzgado número 12 de Madrid admitiese a trámite la solicitud del concurso de acreedores formulada por una naviera y un grupo de hoteles canario— el hijo de Gerardo Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría, y la abogada de Monbus María del Carmen Carballedo Fernández elevaron a escritura pública el trapaso al grupo gallego del 49% de la UTE Autobuses Urbanos de Lugo, SA y TRAPSA, a cambio de 1,2 millones de euros.

Y el 13 de diciembre de ese mismo año —cuando no solo Marsans sino también su matriz, la sociedad Teinver se habían declarado en quiebra e incluso la propia Trapsa había solicitado un concurso que finalmente se desestimó— se completó la transmisión en escritura del 1% restante de la UTE por un importe de 24.489 euros. Ese día Raúl López —que firma los documentos públicos con Gerardo Díaz Santamaría— empezó a figurar en los papeles como propietario único de la firma que gestionaba el transporte público de Santiago desde diciembre de 2005 tras una concesión aprobada por el gobierno municipal, que entonces presidía el socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Polícía revela en un atestado —en poder de este diario e incorporado al sumario Crucero que indaga sobre el vaciado de Marsans y sus empresas satélite— que la operación se fraguó mucho antes. Tanto la policía como el juez Eloy Velasco tienen en su poder dos contratos privados en los que figuran las firmas de Raúl López y Gerardo Díaz Ferrán con fecha 1 de diciembre de 2009 y que ya pactaba aquella operación. En el primero de ellos, que detalla ventas por 4,2 millones del expresidente de la patronal al propietario de Monbus, Díaz Ferrán pactaba entregar, entre otros activos, el 49% de sus participaciones en la UTE a López a cambio de 1,2 millones.

Pero hay un segundo documento, también con la firma de López y Díaz Ferrán, el mismo 1 de diciembre de 2009, que complementa y explica el anterior. En su cláusula segunda ese documento explica: “Que las partes reconocen que a pesar de que en la referida transmisión se hace mención al 49% de la participación en dicha UTE titularidad de Trapsa y que será en los mismos términos en los que se eleve a público el citado negocio, en realidad se valora y traspasa el 50% de dicha participación conservando Trapsa el 1% restante a efectos meramente formales y para permitir que no sea necesaria la autorización por parte del Concello de Santiago a cambio de concesionario del servicio público de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Santiago”. Fuentes de la investigación consultadas por EL PAÍS afirman que no tienen “ninguna duda” sobre la autenticidad de esos dos contratos privados y así lo han ratificado a este diario.

El Ayuntamiento de Santiago nunca fue informado del cambio de propietario en la adjudicataria del transporte. Fuentes oficiales del actual gobierno local, que preside el popular Ángel Currás, y cargos muy relevantes del anterior en manos del socialista Bugallo descartan que se les hubiese notificado el cambio de titularidad. Monbus tampoco informó públicamente de que se había hecho con el total de las participaciones ni exhibió a la Administración los documentos privados, sostienen las fuentes consultadas. La asesoría jurídica de la empresa indicó ayer que entiende que “estos hechos no son noticia y que si se pretende dar visos de que se cometió alguna irregularidad, pide que se concrete para poder ejercer su derecho de defensa”.