Imputado el director de ‘La Razón’ por publicar fotos de jueces proconsulta

La publicación de las fotografías de 33 jueces catalanes favorables a la consulta ciudadana sobre la independencia ha derivado en una investigación judicial cada vez más compleja. Los magistrados denunciaron el caso al comprobar que las imágenes, divulgadas por el diario La Razón, fueron extraídas, en la mayoría de los casos, de sus DNI. Dos inspectores de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona admitieron que accedieron a la base de datos del carné de identidad y que adjuntaron las fotos en un informe pedido por su superior. Este, el comisario Pedro Esteban Cobreros, admitió el encargo, pero negó haber filtrado las fotos al diario.

Lo explicado por los policías —todos ellos declararon en calidad de testigos— llevó a los jueces afectados a ampliar su denuncia por vulneración del derecho a la intimidad y la propia imagen contra La Razón. Los magistrados no se conforman con saber cómo se obtuvieron las fotografías, sino que también quieren averiguar de qué manera llegaron hasta la redacción del periódico. El juez que investiga el caso ha atendido su petición y ha citado a declarar, para el próximo 28 de mayo y como imputado, al director del diario, Francisco Marhuenda.

La denuncia puede ser constitutiva de delito, ya que “las fotografías de la base de datos del DNI no tienen como finalidad la de su publicación”, razona Emilio Vilá Mayo, juez de instrucción número 22 de Barcelona, en un auto dictado ayer. De las 33 fotografías, al menos una veintena, según los jueces, proceden de la base de datos del carné de identidad. Las imágenes fueron publicadas en una doble página del diario bajo el título La conspiración de los 33 jueces soberanistas.

El pasado febrero, los jueces “soberanistas” firmaron un manifiesto que defiende el derecho a decidir en Cataluña. En su opinión, la consulta sobre la independencia, prevista por el Gobierno catalán para el próximo 9 de noviembre, tiene encaje legal. Los juristas —33 de los 756 que integran la planta judicial en la comunidad— defienden la legalidad del referéndum “en el actual marco constitucional, desde una perspectiva dinámica y viva, no sacramental, de la Constitución”. El manifiesto añade que la clave del debate “pasa por aceptar o no la realidad nacional de Cataluña y, por tanto, su plena soberanía para decidir su futuro”.

El juez abrió una investigación al constatar una presunta “entrada irregular en ficheros de bases de datos” para divulgar datos “al margen de la normativa establecida”. A petición suya, la policía identificó a los funcionarios que, días antes de la publicación del artículo, habían accedido a la base de datos del DNI. Dos de ellos, inspectores de la Brigada de Información de Barcelona, admitieron que su superior directo les ordenó averiguar si los nombres que habían salido a la luz como firmantes del texto eran, efectivamente, jueces y magistrados. Los inspectores accedieron a la base de datos del Ministerio del Interior para comprobar su identidad y descargaron las fotografías de los DNI. Con ese material, elaboraron un informe que entregaron al comisario Pedro Esteban Cobreros, jefe de la Brigada de Información. Los agentes negaron, sin embargo, tener relación con la posterior publicación de las imágenes en el periódico.

Esteban cargó con toda la responsabilidad ante el juez. El comisario dijo que ordenó comprobar la identidad de los jueces, pero añadió que lo hizo a iniciativa propia. Ese tipo de tareas, dijo ante el juez, forma parte de sus competencias. Esteban negó, en cualquier caso, que investigara a los jueces y afirmó que ignora cómo acabaron llegando esas fotografías a La Razón.