Una empresa acorralada por sanciones

La empresa Reyval Ambient ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por la Consejería de Medio Ambiente. Hasta ahora, la firma había recurrido y ganado en los juzgados algunas de ellas. El Contencioso Administrativo 1 de Castellón anuló dos multas de 100.000 euros en un fallo en el que se criticó a la Administración por la “temeridad” con la que actuaba por la “imposición reiterada” de sanciones. Un extremo del que se queja el gerente, Daniel Latorre.

Sin embargo, el Contencioso Administrativo 5 de Valencia ha dictado una sentencia, ya firme, por la que se considera justificada una multa de 20.000 euros a Reyval Ambient por una infracción de la ley de prevención de la contaminación y calidad ambiental. La Dirección General de Calidad Ambiental abrió un expediente y sancionó a la empresa instalada en L’Alcora por superar el nivel de lixiviados en el vertedero en una visita realizada a finales de 2011. El fallo desestima el recurso de Reyval por el que pretendía que se anulara la sanción y concluye que incumplió las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada.

Es la primera sentencia firme que condena a la empresa. Las dudas sobre la idoneidad de esta planta para hacerse cargo de la gestión de los residuos sanitarios de los centros de la Agencia Valenciana de Salud llevaron a los partidos de oposición a pedir que fuera excluida del proceso de adjudicación. La Consejería de Sanidad explicó entonces que todas las sanciones impuestas no eran firmes puesto que estaban todas recurridas en los juzgados. Quedan por resolverse otras como los 122.000 euros impuestos por Medio Ambiente por utilizar el vertedero de la planta sin la debida Autorización Ambiental Integrada.

El departamento que dirige Isabel Bonig había ordenado la clausura del vertedero en L’Alcora y extinguido la autorización después de dos años tratando que Reyval aportara un informe sobre la inocuidad de las aguas subterráneas. Pero el vertedero siguió utilizándose y hace un año que impuso la sanción de 122.000 euros al constatar que seguía recibiendo residuos.

Para Daniel Latorre, este amplio historial de inspecciones y sanciones responde a una “persecución” de las Administraciones, de la plataforma No a la Contaminació y de la alcaldesa de L’Alcora, la popular Merche Mallol, que se inició cuando el Consell aprobó la instalación de una planta incineradora de residuos que puso en pie de guerra a toda la comarca. “Si hubieran encontrado algo ya nos habrían cerrado”, dice.

La fiscalía de Castellón ha cerrado las diligencias de investigación penal que abrió por una presunta gestión irregular de residuos sanitarios por unos hechos denunciados por la plataforma y en los que vio un posible delito contra el medio ambiente.