Puig da marcha atrás en la reforma de la ley del servicio de ocupación

La dirección del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC en sus siglas en catalán) ha dado este lunes por terminados los trabajos de redacción de su nueva ley pese a la oposición de los sindicatos, que la ven como un paso adelante para privatizar el organismo. El texto mantiene el principal punto de discrepancia, la delegación de la colocación de parados a empresas privadas, aunque señala que se utilizarán "de forma complementaria y para atender a los colectivos de más dificultad".

El Departamento de Empresa y Empleo, controlado por Felip Puig, ha defendido este lunes que el borrador está redactado de tal forma que si un futuro Gobierno decide no utilizar empresas privadas, pueda hacerlo. La Generalitat ha dado marcha atrás en el convenio que había preparado junto a la patronal Acacer, que establecía el pago de 600 euros por cada desempleado colocado y ha asegurado que, en este asunto, comienza "desde cero".

El sindicato UGT, en cambio, ha rechazado la reforma del SOC en una nota de prensa en la que alerta de que "puede derivar en una privatización" del servicio. La organización critica "la inclusión en el sistema de operadores privados con los mismos derechos y prerrogativas que los públicos" y la "intermediación laboral a través de empresas de colocación".

El sindicato interpreta esta delegación como una "división entre parados de primera (los más ocupables, que serán atendidos por los privados) y de segunda (las personas con mayores dificultades para encontrar empleo)". Fuentes de la agrupación han asegurado que, en la actualidad, el colectivo de más dificutad está formado por todos los parados: "Por ejemplo, los jóvenes podrían ser considerados de difícil colocación, cuando hay algunos que tienen tres carreras". UGT también ha alertado de que el texto "no garantiza el mantenimiento del empleo en la maltrecha plantilla del SOC". El sindicato ha recordado que un 25% de la plantilla son interinos con un recorte salarial y de jornada del 15%.

La única novedad del texto que UGT ha aplaudido es la creación de una estructura territorial en la que participarán los municipios, los propios sindicatos y las patronales con el objetivo de afinar en las políticas de empleo precisas para cada zona.

El tono de CC OO es más conciliador: Celebra el "proceso de participación de todas las organizaciones en el debate del anteproyecto", pero se "opone frontalmente" a la participación de empresas privadas en la intermediación, lo que le "impide dar pleno apoyo al texto".

El borrador será remitido al Consejo de Trabajo, Económico y Social (CTESC), que agrupa a patronales y sindicatos. Este emitirá un dictamen, sugerirá modificaciones si lo ve necesario, y el texto volverá al Gobierno catalán para ser aprobado y afrontar el trámite parlamentario.