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Un juez duro con la Administración sustituye a Aláez en el ‘caso Alvia’

El magistrado lanzó en 2011 una redada contra la corrupción en A Costa da Morte

El magistrado Andrés Lago Louro
El magistrado Andrés Lago Louro

Andrés Lago Louro, juez de 41 años con fama de campechano y sin miedo a casos complejos o con políticos implicados, se hará cargo de la instrucción del accidente del Alvia. Sustituirá a Luis Aláez, quien investigaba el siniestro que costó la vida de 79 personas desde la misma noche en que ocurrió, el 24 de julio pasado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) otorgó ayer a Lago Louro la plaza del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que Aláez decidió dejar por motivos personales y que seguía ocupando a la espera de que se eligiese a otro juez. El cambio se producirá en cuestión de días, al estar los dos ya trabajando en Santiago y ubicarse sus nuevas plazas respectivas en la misma ciudad.

 Lago Louro se define a sí mismo como un juez cercano al ciudadano. Se ha pronunciado en defensa de un mayor uso del gallego en la Administración de Justicia y en contra de los jueces endiosados, posturas a las que habría contribuido su origen y su trayectoria como juez de pueblo. Nació hace 41 años en el municipio coruñés de Muros, en una familia marinera del lugar de Louro, del que toma un apellido y al que sigue muy ligado. Comenzó su carrera judicial en 2004 en Ordes, junto a Santiago, y, tras un breve destino en Cistierna (León), en 2005 acabó volviendo muy cerca de su casa, a Corcubión, en plena Costa da Morte, donde permaneció más de siete años. Podría haber dejado ese pequeño juzgado mucho antes, pero prefirió quedarse en él hasta terminar la instrucción del caso Orquesta, que duró tres años e implicó a una treintena de empresarios, funcionarios y políticos en una trama de favores a cambio de obras públicas. Al tiempo que él acababa ese trabajo, en el que procesó a dos alcaldes del PP y uno del PSOE, por el otro juzgado de Instrucción de Corcubión, el encargado del caso Prestige, pasaban seis jueces en nueve años.

En abril del año pasado, Lago Louro fue destinado en comisión de servicios a Santiago para ayudar a desatascar los juzgados de lo contencioso-administrativo de la capital gallega. Su salida de Corcubión fue comentada en el mundillo judicial por los elogios que recibió y el elevado número de asistentes a la cena con que lo despidieron abogados, procuradores, funcionarios judiciales y agentes policiales.

Que es un juez sin miedo a los casos complejos o con poderosos implicados lo avala su trabajo. Además de la detención de los alcaldes del caso Orquesta, en la trayectoria de Lago Louro figura una de las primeras sentencias del país contra la comercialización de participaciones preferentes por parte de las cajas de ahorros. También ha condenado al Sergas por el infarto mortal de un paciente que había acudido varias veces a urgencias sin ser diagnosticado adecuadamente y ha obligado al mismo organismo público a devolver a sus trabajadores parte de la paga extra que les retiró en 2012 por los recortes impuestos por el Gobierno central.

Lago Louro deberá ponerse al día de los más de 40.000 folios que acumula la instrucción del caso Alvia. Sustituirá en ella a Aláez, de 47 años, que desde el inicio de la instrucción no se conformó con la tesis mantenida por Adif y Renfe, empresas públicas gestoras de las vías y los trenes, de que el accidente se debía únicamente al despiste admitido por el maquinista del tren, Francisco José Garzón, único imputado en la causa, que recibió una llamada del interventor y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois.

Aláez considera que el maquinista debía contar con más medidas de seguridad de respaldo que las existentes, por lo que quiso imputar a una veintena de directivos y técnicos de Adif, incluidos sus tres últimos presidentes. La Audiencia Provincial de A Coruña revocó esas imputaciones y le pidió que antes recabase más pruebas. Aláez pidió entonces a los peritos que están analizando el accidente que le adelantasen informes provisionales que le están llegando estos días. Los dos que han estudiado la señalización y seguridad de la línea han avalado la tesis del juez.

Aláez, acusado por Adif de querer realizar una “inquisición” sobre todo el sistema ferroviario, ha contado con el apoyo de las dos asociaciones de víctimas del siniestro. El próximo miércoles, una de ellas prevé concentrarse frente al CGPJ para reclamar que le permitan terminar la instrucción del caso.

 

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