El sector turístico aplaude el decreto para acabar con el mercado ilegal

La Consejería de Turismo y Comercio y los agentes sociales y económicos han dado luz verde en la Mesa del Turismo al borrador del nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico en Andalucía. El documento, muy demandado por el sector, tiene como objetivo combatir la competencia desleal y el intrusismo e intentar que aflore la economía sumergida. La norma también persigue “unas mínimas garantías” para los usuarios, velar por el cumplimiento de unos requisitos básicos de infraestructura y calidad y luchar contra la precariedad laboral. Andalucía tendrá por primera vez una norma de estas características (solo Cataluña dispone de ella) y previsiblemente entrará en vigor en seis meses. Ahora empieza su tramitación administrativa, que incluye un periodo de alegaciones.

 El decreto servirá, además, para establecer un censo de viviendas turísticas en la comunidad, que ahora no existe. No hay datos oficiales sobre este tipo de alojamientos, pero el sector estima que aproximadamente el 20% de la oferta se mueve en el mercado negro. Estas instalaciones carecen de cobertura legal desde la modificación por parte del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), a mediados de 2013. El borrador afecta tanto a las casas que se ceden en su totalidad como a las que ofrecen habitaciones (Bed and Breakfast). Están excluidos los establecimientos de apartamentos turísticos.

Definición. El borrador considera viviendas de uso turístico las que están ubicadas en inmuebles levantados en suelo con uso residencial (sin incluir las rurales) que ofrezcan alojamiento “de forma habitual” y con fines turísticos. Se entenderá que ocurre así cuando se publiciten para su alquiler por Internet o cualquier otro medio y cuando se comercialicen y promocionen a través de agencias de viajes u otras empresas. También existirá un uso turístico si el arrendamiento no excede un mes al año por cliente. A partir de este tiempo, los alquileres están regulados por la LAU. La norma andaluza está pensada para alquileres de unos días o semanas.

Registro. Una vivienda que se destine a alojamiento turístico deberá estar inscrita obligatoriamente en el Registro de Turismo de Andalucía. Su propietario tendrá que hacer una declaración responsable ante la consejería, trámite que es gratuito, y aportar sus datos identificativos. Ese número de anotación que obtenga tendrá que aparecer en toda publicidad o promoción que realice a través de cualquier medio.

Régimen sancionador. Se considerará que una vivienda es “clandestina” si se inicia la actividad turística sin que haya constancia de su registro. Aquí puede entrar en escena el servicio de inspección de la consejería, que será el encargado de velar por que se cumpla la norma. Quienes infrinjan el futuro decreto, incurrirán en responsabilidad administrativa. Sobre la cuantía de las posibles sanciones, el borrador remite a la Ley del Turismo de Andalucía (Ley 13/2011), que diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves con multas que oscilan, incluidas las tres categorías, entre los 2.000 y los 150.000 euros. El titular de la vivienda no podrá alegar que se trata de su domicilio en caso de que sea objeto de una inspección, según el borrador.

Servicios mínimos. Las viviendas turísticas deberán estar convenientemente amuebladas y dotadas de electrodomésticos y enseres para su uso inmediato. Sus habitaciones tendrán ventilación directa al exterior o a patios no cubiertos. Los apartamentos tendrán sistema de refrigeración y de calefacción, en caso de que se alquilen entre octubre y abril (para alcanzar y mantener una temperatura ambiente de 19 grados centígrados, puntualiza el documento). El usuario tendrá a su disposición una hoja de quejas y reclamaciones. Un botiquín de primeros auxilios y un extintor son otros artículos obligatorios incluidos en la futura norma, además de información turística sobre la zona y servicio de limpieza a la entrada y salida de nuevos clientes, entre otros detalles. El precio será por noche de estancia y los explotadores del servicio podrán exigir un adelanto como señal de hasta un 30% del coste total.

“El objetivo no va a ser nunca perseguir, recaudar ni sancionar, sino que aflore esa bolsa de economía sumergida”, apunta el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez. Ya que la entrada en vigor de este decreto irá paralela a una modificación de la norma que actualmente regula el Registro de Turismo de Andalucía. Entre los cambios en el registro destaca el que permitirá a los inspectores levantar actas de infracción simplemente con que visualicen un anuncio de una vivienda turística sin su correspondiente número de inscripción. Es decir, no serán necesaria realizar una visitas física. En esta tarea también se pretende involucrar a los portales de Internet desde los que se ofrecen los alojamientos.

La intención de la consejería es dar cuenta a los Ayuntamientos y a la Agencia Tributaria de los inmuebles registrados. “Se trata de incentivar a los propietarios para que inscriban sus viviendas y legalicen su actividad, no que esta deje de existir. Tiene su público y sus clientes y generan ingresos complementarios para muchas familias”, concluye Rafael Rodríguez.