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Ni Evo Morales, ni fondos buitre

Hacienda opta por la prudencia ante la lenta recuperación inmobiliaria

El Consell busca inquilinos solventes antes que malvender el patrimonio

Fachada de la sede de la Generalitat en Madrid.
Fachada de la sede de la Generalitat en Madrid.

La Consejería de Hacienda ha optado por la prudencia para evitar malvender los inmuebles que tiene puestos a la venta la Generalitat. Con todas las autonomías revisando a la baja sus previsiones de ingresos por la enajenación de patrimonio, el Consell ha optado por esquivar las ofertas realizadas por fondos buitre o inquilinos sin solvencia destinados a ocupar las antiguas sedes de las consejerías.

La Comunidad de Madrid previó ingresar el año pasado 742 millones de euros por la venta de patrimonio y se tuvo que conformar con 240 millones de caja —la mayor parte por la venta de 3.000 viviendas del plan joven— tras llegar en algunos inmuebles hasta una cuarta subasta con rebajas un 30% inferiores a la tasación inicial. En Cataluña, el Gobierno de Artur Mas ha vendido recientemente la sede de la Consejería de Medio Ambiente por 16,4 millones, tras rebajar el precio un 37% y comprometerse a seguir de alquiler tres años más a un precio de 1,2 millones por ejercicio. Y en Andalucía, las operaciones de venta y alquiler con derecho a compra tampoco han dado los frutos esperados.

El problema estriba en que los ingresos por venta de inmuebles son los que cuadran desde hace años los presupuestos de la Generalitat, sin que hasta ahora hayan llegado a materializarse.

El conclicto por el ‘caso Snowden’ abortó la venta del palacete de Madrid

Por enajenación de inmuebles, el Consell que preside Alberto Fabra presupuestó en 2012 unos ingresos de 141 millones de euros; en 2013 la cantidad consignada fue de 181 millones de euros y este año se han consignado 365 millones de euros. El objetivo quedó muy lejos de cumplirse en 2011 y 2013 y, probablemente, sucederá lo mismo este año.

El año pasado a punto estuvo el Gobierno valenciano de vender su embajada en Madrid, un edificio situado en la calle del Españoleto, número 25, que consta de planta baja y primera planta y dispone de cinco plazas de garaje. El inmueble del siglo XIX próximo a la embajada de Suecia y a la Casa Museo Sorolla es propiedad de la Generalitat desde la presidencia del socialista Joan Lerma y se ha tasado en 3,7 millones de euros.

Patrimonio ha rechazado ofertas de empresas con poca solvencia

Hasta tres Gobiernos extranjeros se mostraron interesados en el inmueble de la Generalitat para trasladar allí su embajada, pero solo Bolivia llegó a plantear una propuesta. Sin embargo, la crisis diplomática abierta a raíz del caso Snowden frustró la operación. La sospecha de que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden había abandonado el aeropuerto de Moscú a bordo del Falcon 900 del presidente boliviano, Evo Morales, llevó al Gobierno norteamericano a movilizarse para impedir que el avión cruzara el Atlántico. En un gesto atípico, Portugal, Francia e Italia revocaron el permiso al avión del presidente boliviano para sobrevolar su espacio aéreo. El aparato tuvo que hacer un aterrizaje imprevisto en Austria. España se tomó su tiempo para autorizar que el aparato de Evo Morales hiciese escala en las Canarias mientras pedía garantías de que Snowden no iba a bordo. Finalmente, el conflicto diplomático se resolvió, pero la compraventa se esfumó.

En los últimos dos años, el Gobierno valenciano ha redoblado los esfuerzos por hallar inversores solventes, adecuados a distintos inmuebles que están en venta. Instituciones, Gobiernos, fondos de inversión, multinacionales, grandes bufetes, etcétera. Hasta ahora las dos operaciones de mayor calado han sido el alquiler de la antigua Consejería de Infraestructuras en la avenida de Blasco Ibáñez a la Agencia Tributaria por 1,1 millones al año y el alquiler de la antigua Consejería de Economía en la calle de Colón de Valencia al grupo Inditex por 1,2 millones de euros año. El traslado de las consejerías al complejo administrativo 9 d’Octubre también ha permitido ahorrar más de 10 millones de euros anuales en locales que albergaban distintas dependencias de las Consejerías.

El plan de enajenación de patrimonio público incluye un buen número de inmuebles bien situados —como el edificio del antiguo Impiva en la plaza del Ayuntamiento y la antigua sede de las Consejerías de Agricultura y Bienestar Social— e interesantes comercialmente, como solares para terciario en el complejo de la Ciudad de las Ciencias.