La Diputación de A Coruña engorda las ayudas a las tres ciudades del PP

Con los Ayuntamientos sufriendo ya duramente las penurias de la crisis, el presidente de la Diputación de A Coruña, el popular Diego Calvo, decidió crear en 2012 un plan de subvenciones que da libertad total a los alcaldes para destinar el dinero a lo que consideren oportuno. Este nuevo instrumento para inyectar fondos en los consistorios incluye un polémico cambio en los criterios que utilizan tradicionalmente las diputaciones a la hora de fijar cuánto recibe cada municipio. Los grandes beneficiados son las tres ciudades, A Coruña, Santiago y Ferrol, las únicas de las siete urbes de Galicia que están en manos de gobiernos del PP. En la Diputación de Pontevedra, en la que esta distribución favorecería a alcaldes de PSOE y BNG, los populares no la han implantado y desde hace años dejan fuera de los planes de ayudas a los municipios más grandes para que no se coman las ayudas de los pequeños.

 Según los cálculos efectuados por el BNG, el modelo de reparto del plan de Calvo, bautizado Unha Deputación para todos os concellos (DTC), supone que A Coruña reciba diez veces más de dinero que si se mantuviesen los criterios de los POS, los planes de ayudas para obras y servicios que han permanecido inamovibles desde el primer gobierno democrático de la Diputación coruñesa, incluso tras el paso por el poder de diferentes partidos. De esta forma, el gobierno de Carlos Negreira percibirá este año 1.277.000 euros, de un total de 18 millones a repartir, frente a los 124.000 que le corresponderían si se respetasen los parámetros del plan más longevo.

La distribución del dinero del DTC también supone una alegría para Ferrol y Santiago. La primera, con los criterios de Calvo, duplica los fondos (de casi 198.000 euros a 490.000) y la segunda se acerca al doble (de 414.000 euros a 751.000). Por el contrario, los criterios para distribuir las subvenciones de libre disposición del DTC perjudican a 71 de los 93 ayuntamientos de la provincia coruñesa. En el reparto lo que más pesa es la población (30%), la superficie (30%) del municipio y el “esfuerzo fiscal” (20%), ya que la Diputación esgrime que los ayuntamientos que imprimen mayor presión fiscal a sus ciudadanos deben recibir “como compensación” más dinero.

El BNG ve en estas cifras un claro “uso sectario y clientelar” del dinero público a solo un año de las elecciones municipales. “Lo que quieren es consolidar las tres alcaldías de ciudades que tienen”, reprochan portavoces de la formación nacionalista, que insisten en que los criterios de reparto de los POS “nunca se cuestionaron y está consensuado por todas las corporaciones”. “En los planes de siempre solo entran [para calcular las ayudas] las parroquias rurales de las ciudades; en el nuevo se tiene en cuenta hasta la calle Real de A Coruña”, añade el BNG.

La Diputación responde que las comparaciones entre estas ayudas y las que se otorgan a través de los planes de obras y servicios “no son válidas” y niega que exista “discriminación hacia ningún ayuntamiento” o que se beneficie a las ciudades. Para sustentar su réplica, el organismo provincial echa mano de los datos de inversión por habitante: mientras A Coruña recibe con el DTC 5,19 euros per cápita, Ferrol 6,87 y Santiago 7,82, en localidades como As Somozas (1.279 vecinos), Toques (1.302) o Monfero (2.129) esas cantidades van de los 139 euros de la primera a los menos de 100 de las otras dos.

El gobierno provincial de Diego Calvo niega que los nuevos criterios de reparto de subvenciones respondan a un interés partidista. Sin embargo, su actuación choca frontalmente con la de sus compañeros del PP en la Diputación de Pontevedra, presidida por Rafael Louzán. Allí los populares no han implantado esta distribución de fondos, que beneficiaría a Vigo y Pontevedra, dirigidas respectivamente por alcaldes de PSOE y BNG. En la Diputación pontevedresa, desde hace años, las ciudades (en concreto, los municipios de más de 50.000 habitantes) están excluidos de los planes de ayudas y reciben las subvenciones de la institución de Louzán solo a través de convenios.

Los nacionalistas consideran que el plan creado por Diego Calvo va contra el espíritu de las diputaciones provinciales que, según la ley, deben centrarse en los municipios que no llegan a 20.000 habitantes, aquellos que tienen menos medios y más dificultades para prestar servicios a sus ciudadanos. Y aseguran que desde 2011, año en que tomó posesión Calvo, la Diputación ha firmado convenios con el Ayuntamiento de A Coruña por valor de dos millones de euros, una aportación que se une al mantenimiento en la ciudad de infraestructuras como el Teatro Colón o la financiación de la Orquesta Sinfónica de Galicia. “No puede ser que se hagan planes para beneficiar aún más a A Coruña”, censuran los representantes del grupo provincial del BNG.