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7.486 euros en multas a un ‘sin techo’

La Síndica de Barcelona y los servicios sociales logran que el Consistorio retire las sanciones

Crecen las críticas a la Ordenanza de Civismo por perseguir policialmente problemas sociales

Por ocupar la vía pública, por dormir en la calle, por beber alcohol, por cantar y gritar y hasta por tirar papeles al suelo. La Guardia Urbana sancionó hasta 70 veces, entre 2008 y 2012, a un ciudadano de Barcelona sin recursos que vivía en la calle, en el barrio del Raval. El hombre, que intentó saldar la deuda e incluso llegó a pedir el pago fraccionado al Instituto Municipal de Hacienda, acumuló multas por valor de 7.486 euros, según se desprende del informe anual de la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

El caso llegó a manos de los servicios sociales y de la síndica, que tuvieron insistir para convencer al Ayuntamiento de Barcelona que retirara las sanciones y que abordara el conflicto desde un punto de vista social y no punitivo. Finalmente, el Consistorio les escuchó y a finales del año pasado, este ciudadano ya no tenía ninguna deuda. "Es absurdo denunciar a las personas de este colectivo", critica Vilà. Todas las sanciones son en aplicación de la Ordenanza de Civismo, que ha cumplido ocho años y, según la síndica, "ha demostrado que en estos casos, no ha servido para nada".

La persona en cuestión había tenido problemas de adicciones —se desconoce si es causa o consecuencia de vivir en la calle— y en aquella época sus únicos ingresos eran los de la Renta Mínima de Inserción, 426 euros mensuales. Actualmente, gracias a la gestión de los servicios sociales y a la Fundació Arrels, está recibiendo un curso de orientación laboral, se está sometiendo a un proceso de desintoxicación y está a la espera de poder acceder a un piso compartido con otras personas sin recursos. Pese a estos avances, sigue durmiendo en la calle y no tiene apenas ningún ingreso.

Este caso es un ejemplo más, según la síndica, de la "ineficacia" de la ordenanza. La norma se aprobó en 2005 con los votos de PSC, CiU y ERC y salió adelante con mucha polémica por regular en un mismo texto legal molestias relacionadas con la falta de civismo con problemas sociales y colectivos vulnerables, como la prostitución y la mendicidad.

"La misma norma ya dice que a las personas con riesgo de exclusión social se les tiene que ofrecer un acompañamiento" en vez de multarlas, pero "es evidente que algo falla", cuando salen a la luz casos como este, denuncia Vilà.

En enero de 2012, la síndica ya criticó que sancionar a estas personas tenía una repercusión "negativa" en su ya delicada situación. Desde entonces, ha insistido sin éxito en que es necesario modificar la ordenanza. Por este motivo, según adelantó a EL PAÍS, está preparando un informe exhaustivo sobre la normativa donde se pueda comprobar su poca efectividad.

En el pleno del pasado mes de febrero, el alcalde Xavier Trias (CiU) se mostró abierto a revisar la ordenanza si se consigue un "consenso importante", de manera que la puerta a llegar a acuerdos está abierta. De hecho, según cifras de la Fundació Arrels, entidad que trabaja con las personas sin techo en Barcelona, las multas que reciben los ciudadanos en riesgo de exclusión han caído en picado desde que cambió el color del Ayuntamiento. En 2011, con Jordi Hereu (PSC) como alcalde, los agentes de la Guardia Urbana llegaron a tramitar 1.056 denuncias contra personas de este colectivo, cada vez más numeroso, pero con el cambio de Gobierno, en 2012, el número de sanciones cayó hasta en 208. En 2013, se mantuvo el descenso y solo se tramitaron 82 multas.

En los últimos cinco años, desde que estalló la crisis, el número de personas sin vivienda ha crecido en Barcelona un 43%, según las cifras de la Agencia de Salud Pública, llegando a un total de 2.933 ciudadanos. Casi la mitad de ellos viven en albergues, pensiones o residencias que ofrecen las administraciones y unos 900 lo hacen en la calle. El resto sobreviven en campamentos.

El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando un nuevo protocolo para ayudar a las personas que viven en la calle. El nuevo sistema consiste en ofrecerles un piso donde dormir lo antes posible, ya que está acreditado que al poco tiempo de dormir en la calle el proceso de reinserción es mucho más difícil. Este método, conocido como Housing First, ya hace años que se aplica y con éxito en muchas capitales europeas.

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