El Gobierno admite que Galicia no ha justificado 39 millones en subvenciones

La Xunta de Galicia tiene sin justificar los pagos de los 39 millones de euros correspondientes a subvenciones de los Planes de Vivienda (por compra, alquiler o rehabilitación), lo que impide al Ministerio de Fomento abonar las subvenciones de los nuevos programas de fomento de la vivienda al gobierno autonómico.

La diputada socialista Laura Seara se interesó hace un par de meses por saber si Galicia tiene ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 o anteriores sin justificar, recordando que según la última edición de este plan, si se supera el plazo para cumplir con ese trámite, el Ministerio de Fomento podría no transferir las ayudas correspondientes a los años 2013 a 2016. En su respuesta, el Gobierno reconoce que Galicia "tiene pendiente de justificar el importe correspondiente a todos los planes estatales de vivienda, que asciende a 39 millones de euros", de los cuales 3,8 millones de euros están ya fuera de plazo mientras que el resto del dinero aún se puede justificar. No obstante, el Ejecutivo apunta que las cantidades que ya se tenían que haber justificado se pueden "compensar con otras líneas de ayuda", y asegura que Fomento y la Xunta están "trabajando para ajustar la situación contable" de la comunidad.

Este problema, que afecta también a otras comunidades como Valencia o Andalucía, despertó el interés de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que el pasado mes de marzo avanzó una posible actuación de oficio ante el Ministerio de Fomento para obtener información sobre las comunidades autónomas que tienen pendiente de justificar los pagos de planes de vivienda anteriores y su cuantía, a la vista de las quejas recibidas. Y es que el organismo ha detectado un progresivo aumento de las denuncias relativas a la supresión y demora en los pagos de subvenciones, que está ocasionando el endeudamiento de los particulares con los bancos, por tener reconocidas las ayudas y no recibir su pago. Unos retrasos que parecerían derivarse, según Becerril, de la falta de justificación por parte de las comunidades autónomas de importantes cantidades derivadas de los planes de vivienda estatal.