Que hable la sociedad

Me gustaría en esta tribuna subrayar alguna cuestión de lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados el pasado martes y después, aun arriesgándome a ser pretencioso, intentar extraer alguna conclusión para el futuro de Euskalherria. El pasado martes se reunió el Congreso en sesión plenaria para debatir y decidir a propósito de la solicitud del Parlamento catalán de delegación de la competencia necesaria para convocar consultas no vinculantes. No voy a hacer un análisis de los artículo 148 y siguientes de la Constitución, pero desde el sentido común parece lógico que los gobiernos autónomos puedan iniciar procesos participativos que les permitan conocer la situación y realidad de sus sociedades. Insisto, las consultas no vinculantes no son referendos de independencia al modo canadiense o escocés y calificarlas así, no es sino una trampa para justificar una negativa que puede ser grave desde el punto de vista constitucional pues podría ser contraria al artículo 23.

Si la consulta tuviera carácter decisorio la cuestión sería otra y por tanto responder a la solicitud como si el contenido fuera distinto es, cuando menos, tramposo. Eso es lo que hacen los dos grandes partidos, a ellos me voy a referir a ahora. El Partido Popular y el Partido Socialista mantienen la estrategia del poli bueno y el poli malo. Mariano Rajoy se cierra en banda Y remite al proceso de cambio constitucional, que el portavoz del grupo parlamentario acaba por cerrar. El partido socialista , con un tono más amable, remite a la misma solución, la modificación constitucional, sabiendo que es un camino cerrado, eso sí, aderezando su postura con la inconsistencia de la solución federal sin reconocer previamente derecho a decidir. Además, ambos partidos, después de negar, ofrecen diálogo, pero este ofrecimiento, ¿es verdadero, es sincero? Yo creo que no. Una solución dialogada sencilla: el Estado podría convocar la consulta no vinculante. Pero ocurre que dan la consulta por perdida, que son incapaces de dar la batalla para socializar sus postulados y prefieren refugiarse en la letra de la ley y en el peor de los casos en una entelequia como el famoso deber de Rajoy que le permite además romper el contrato con sus electores.

¿Podemos extraer alguna conclusión para el futuro del proceso que se está iniciando en Euskalherria ? Pues parece que sí, que el Congreso de Diputados parece que es el camino que no conduce a ninguna parte, aún sabiendo como sabemos todos que el statu quo es insostenible. Es cierto que la crisis ha podido precipitar otra crisis que se hallaba enquistada en el entramado institucional del Reino de España. Cataluña y Euskalherria quedaron insertos en un Estado unitario que ha descentralizado el gasto pero no la decisión política. Y esto no es una cuestión de competencias sino una cuestión de poder democrático de las sociedades vasca y catalana. En consecuencia la vía institucional está agotada, ya se agotó en su momento en el caso vasco. ¿Qué le queda entonces a Euskalherria cuando incluso se niega el debate a efectos prácticos? Pues precisamente eso es lo que queda: el debate en la sociedad, el trabajo por el que cada parte o posición política sobre el futuro de Euskalherria alcance el peso específico necesario para hacer inevitable que, por la fuerza de las cosas, cada pueblo avance por su propio destino. Recientemente un socialista ha manifestado que alcanzada esa masa específica, ya puede decir la Ley lo que quiera. Es por este y no por ningún otro motivo por el se proscriben las consultas, porque el nacionalismo español es consciente de que afrontaría el debate en malas condiciones. Hoy es cierto que además del tradicional apoyo a posturas soberanistas, crece el sector social orientado a la izquierda y hasta ahora a posturas españolistas, que dudan e incluso han dejado de creer en la capacidad del Reino de España para transformarse o siquiera regenerarse.