Seis alcaldes de A Coruña se rebelan contra el coste del servicio de emergencias

El coste del servicio local de emergencias ha puesto en pie de guerra a seis alcaldes del interior de A Coruña. Y con independencia de su color político. Cinco son del PP y uno del PSOE. La nueva “malla de seguridad” ideada por Vicepresidencia de la Xunta, puesta en marcha en agosto de 2013 con la creación en Galicia de 25 Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES), ya levantó en su día no pocas ampollas al obligar a muchos ayuntamientos a suprimir sus grumir, grupos municipales de intervención. Pero las incertidumbres sobre su financiación y la escasez de recursos de las arcas municipales han empezado a provocar rebeliones, como la de los cinco ayuntamientos que dependen del servicio basado en Curtis.

 Este último pretende cobrar a sus vecinos territoriales (Aranga, Oza-Cesuras, Mesía, Sobrado dos Monxes y Vilasantar) unas tarifas con un recargo del 50% por cada intervención del GES. Al igual que en el resto de Galicia, este grupo integrado por 12 trabajadores que obtuvieron su plaza por oposición, tiene que atender las emergencias, desde un incendio forestal o urbano hasta situaciones de riesgo en la carretera, o intervenciones coordinadas por Protección Civil de la Xunta, en seis municipios que suman 675 kilómetros cuadrados y 17.725 habitantes. De acuerdo con el convenio firmado al amparo de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Curtis asumió, al igual que el resto de los 25 ayuntamientos gallegos que aceptaron ser la base del nuevo servicio local de emergencias, dar cobertura a otros cinco municipios de su entorno y correr, en solitario, con el 20% de su coste total anual. La Xunta sufraga el 60% y la Diputación Provincial otro 20%.

En estos ocho primeros meses del nuevo sistema de emergencias, el GES de Curtis realizó 228 intervenciones, el 37% en el municipio base y el resto en los cinco de su ámbito de actuación. “Representa un importante coste para las arcas locales que Curtis no puede seguir asumiendo en solitario como hasta ahora”, argumenta el alcalde, Javier Caínzo, del PP, al defender la ordenanza local que regula el servicio con unas tarifas y establece un recargo del 50% para sus vecinos de Aranga, Oza-Cesuras, Vilasantar, Sobrado y Mesía, este última la única de las seis corporaciones afectadas gobernada por los socialistas. Todos los alcaldes recurrieron la ordenanza local de Curtis por “discriminatoria”. Están de acuerdo en contribuir a pagar una pequeña parte del servicio de emergencias que sufragan en un 80% la Xunta y la Diputación. Pero no aceptan las tarifas establecidas, muy superiores a las del resto de la provincia.

La Xunta se lava las manos en este conflicto local que amenaza con extenderse a otras comarcas. Vicepresidencia, de quien dependen Protección Civil y el mapa de grupos de emergencias supramunicipales, alega que se limita a subvencionar el 60% del servicio, pero, al estar atribuido a un ayuntamiento, no puede entrometerse en cómo lo regula y qué tarifas establece cada uno. Curtis, en una estimación provisional, calcula que pagar el 20% del GES le costará unos 50.000 euros al año y alega que no puede asumir más gastos por intervenir fuera de su municipio. Asegura que ya ha desembolsado en solitario 50.000 euros desde agosto de 2013 para intervenciones del GES y pretende cobrar, por ejemplo, 20 euros por operario y hora, cuando en Mugardos cuesta 13,86 euros y en Brión 12.

El alcalde de este último municipio del entorno de Santiago, Xosé Luis García, confirma que de momento asume en solitario el coste del GES que da cobertura también a Ames, Noia y Lousame. En total, una población de casi 55.000 habitantes. García explica que repercute en las aseguradoras de coches o viviendas el coste de intervenir en un accidente de tráfico o en un siniestro en un domicilio. Y destaca que cuenta también con las subvenciones europeas para el desbroce de montes, otro de los cometidos de estos grupos. No obstante, Brión ya entabló conversaciones con Ames, donde, con 30.000 habitantes, se realizaron el 45% de las intervenciones del GES, para que contribuya a su coste.