Jerez elimina la mitad de sus empresas municipales por el plan de ajuste

El Ayuntamiento de Jerez es uno de los Consistorios rescatados por el Estado por su elevado endeudamiento y ese estatus le obliga a cumplir un plan de ajuste que supervisa trimestralmente el Ministerio de Hacienda. El gobierno local (PP) ya ha reducido puestos de trabajo y salarios en el cabildo y ahora empieza a adelgazar el resto de la estructura municipal. El pleno en sesión extraordinaria aprobó este viernes el proceso de reestructuración de su sociedad empresarial. Las entidades y fundaciones del grupo empresarial público pasarán de 21 a 12 con el fin de propiciar un ahorro anual mínimo de tres millones de euros.

En esta ocasión no habrá despidos. Finalmente, la alcaldesa, María José García Pelayo, no ejecutará el expediente de regulación de empleo (ERE) que anunció en 2012 y que iba a afectar a 90 empleados de las empresas municipales. La regidora popular ya echó a 260 trabajadores del Ayuntamiento hace año y medio y el expediente acabó en juicio y con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró el proceso “arbitrario” y “no ajustado a derecho”. Esta vez, María José García Pelayo ha optado por una vía menos traumática: la bajada salarial.

La plantilla de las empresas que se disuelven es absorbida en su totalidad por el Ayuntamiento. En ese trasvase, las retribuciones de los trabajadores tendrán que homologarse a las de los empleados del Consistorio, que ya sufrieron un tijeretazo en sus nóminas del 11,5% por la eliminación de casi todos los pluses. El ajuste afectará a todos los trabajadores, pero el primer mensaje de Javier Durá, delegado municipal de Personal, fue para aquellos con ingresos más elevados. “Los salarios de 80.000 y 90.000 euros tienen que bajar por una cuestión ética”, subrayó el edil durante el pleno.

La medida supondrá un ahorro anual de tres millones

Los empleados de las sociedades que se liquidan pasan a ser laborales fijos del Ayuntamiento, mientras que los operarios de las empresas que se fusionan continúan perteneciendo a esas mercantiles. Para este último grupo, el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, pidió “una carta de garantías” de empleo que fue rechazada por el Partido Popular. Desde PSOE y Foro Ciudadano también mostraron sus “dudas” sobre el futuro de los empleados municipales subrogados.

El gobierno jerezano deberá a partir de ahora iniciar negociaciones con los comités de empresa para acordar las bajadas salariales y otros aspectos importantes como la antigüedad de la plantilla y los trienios.

El proceso de reestructuración se completará en los próximos meses. El pleno de este viernes ha dado el primer paso: aprobar la fusión de las empresas de vivienda y suelo, así como la disolución de las sociedades de recaudación, telecomunicaciones y agua, un servicio este último que, desde 2013, gestiona una empresa privada.

La disolución de la empresa Aguas de Jerez ha sido la que más críticas ha suscitado. Para el portavoz del PSOE, Luis Flor, la liquidación del ente público supone “acabar con 145 años de historia, de gestión de este suministro básico” en Jerez. El Gobierno municipal del PP privatizó hace poco más de un año el servicio más rentable del holding para inyectar en las maltrechas arcas municipales del Ayuntamiento un canon de 80 millones de euros en 25 años. Del monto total, 60 millones se han destinado a pagar deuda y otros 20 servirán para acometer 40 proyectos de mejora de la localidad. “Han privatizado el único servicio rentable para sufragar una campaña electoral ejecutando obras que, en muchos casos, ni son prioritarias ni han sido demandadas por los ciudadanos. Ha sido una estafa”, añadió este viernes Joaquín del Valle, quien recordó que, según la propia memoria elaborada por el PP, la ciudad “ha entregado a una empresa privada beneficios de 345 millones a cambio de un canon de 80 millones”.

Durá recordó que cuando se culmine este proceso “se habrá alcanzado la homologación salarial de todos los empleados municipales, un proceso que supondrá la equiparación”. “A las mismas tareas corresponda la misma retribución tanto en el Ayuntamiento como en las empresas”, agregó.