Un exedil afirma que Teófila Martínez sabía qué ocurría en la Zona Franca

Y van cinco. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, tomó este jueves declaración a un quinto concejal del gobierno de Teófila Martínez (PP) por el caso Quality Food, que investiga si el desarrollo e impulso de esta empresa de alimentación pudo servir para estafar a la Zona Franca de Cádiz. El exedil Enrique García Agulló, citado como testigo, admitió durante sus respuestas a las partes que, a pesar de ser elegido secretario del pleno y del comité ejecutivo del Consorcio y cobrar por ello, no realizó dichas funciones. También confesó que no acudió al 40% de las reuniones, aunque sí recibió las dietas oportunas. García Agulló apuntó que la alcaldesa estaba al tanto de todo lo que sucedía en la Zona Franca de Cádiz.

El caso Quality Food trata de aclarar si un empresario, Manuel García Gallardo, y su entorno estafaron a la Zona Franca en la anterior etapa del PP con un negocio alimenticio que se instaló y desarrolló en la bahía gaditana. La investigación se ha dirigido en los últimos meses a aclarar si responsables del Consorcio fiscal y del Ayuntamiento de Cádiz no solo no evitaron esa estafa sino a despejar también la duda de si pudieron beneficiarse económicamente de algunas operaciones fraudulentas en la concesión de ayudas. La Zona Franca llegó a comprar la mayoría de acciones de la empresa en 2003.

García Agulló era en aquel momento, además de concejal en el Ayuntamiento, vocal del comité ejecutivo. Según desveló tenía asignado el puesto de secretario de ese comité y también del pleno. Pero no ejerció como tal. Cuando se le preguntó si había recibido remuneración económica por ese cargo respondió que sí. También, según reveló el abogado de García Gallardo, Marco García Montes, admitió haber cobrado dietas por acudir a reuniones, a pesar de saltarse alrededor de un 40% de ellas.

El exedil también relató cuál había sido su acceso a la vida política. Según contó, fue el ahora senador y concejal del PP José Blas Fernández el que le animó a formar parte de la lista electoral del PP como independiente. Él ejercía entonces de procurador, una profesión que ha heredado su hija, quien ahora trabaja para el PP. Aunque él negó que compartieran despacho, García Montes advirtió de que el testigo podría haber tenido información privilegiada de este caso antes de declarar. De hecho, su interrogatorio fue al primero que han podido asistir abogados del PP, que recientemente se ha incorporado a la causa como acusación particular, tras 11 años de instrucción de este caso.

García Agulló también explicó que la alcaldesa de Cádiz, quien siempre ha defendido que pese a ser presidenta del Consorcio de la Zona Franca no tiene poder ejecutivo en él, sí estaba al tanto de todo lo que sucedía en el recinto fiscal en el momento en el que este organismo se hizo cargo del paquete mayoritario de las acciones de Quality Food. A la salida del juzgado, el exedil, algo esquivo, fue parco en palabras aunque sí atendió a la prensa. “He respondido a lo que me han preguntado y todo aparece reflejado en las actas”.

De hecho, las actas con las asistencias a los plenos han vuelto a ser requeridas para corroborar los datos aportados por García Agulló. La instrucción tiene pendiente volver a escuchar como testigo al actual concejal y vocal en la Zona Franca, Ignacio Romaní. La juez le imputó pero la Audiencia de Cádiz, por dos veces, anuló esa imputación por considerarla indebidamente justificada. Además de García Agulló y Romaní, también han pasado por estos juzgados los exconcejales Fernando Sicre, Francisco Villarreal y Jorge Moreno.