El alcalde de Cullera echa la culpa del ruido de los pubs a sus concejales

Manuel Montañés se acuesta con la televisión conectada. “Solo así puedo conciliar el sueño tras dos décadas sin dormir. Tengo aún el bum, bum, bum en la cabeza”, confesó este miércoles este vecino de Cullera ante el tribunal que ha sentado en el banquillo por un presunto delito de prevaricación medioambiental al alcalde popular del municipio, Ernesto Sanjuán.

El fiscal sostiene que el regidor desoyó durante 15 años las quejas ciudadanas por el exceso de ruido e incumplimiento de horarios de dos bares nocturnos que cerraron en 2009. Y solicita dos años y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación de cargo público para Sanjuán, que este miércoles se mostraba tranquilo en la primera de las tres sesiones de la vista oral en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Montañés relató ante la juez un caso límite que manejan las cuatro comunidades de vecinos denunciantes. “Una mujer casi se tiró por el balcón”, dijo este hombre que pilota desde hace más de una década una cruzada legal contra los decibelios que suma ya entre abogados, detectives privados e ingenieros una factura de 42.000 euros.

El alcalde rechazó la dejadez que le atribuye el fiscal para atribuirle la prevaricación medioambiental, que está recogida en el artículo 329 del Código Penal. “A mí me conocían como el que cerraba los pubs. Los padres llegaron a decirme que si les pasaba algo a sus hijos cuando iban a Gandia o Sueca [de ocio nocturno] sería culpa mía”.

Sin embargo, su cruzada no se sustanció en el cierre de locales hasta una década después de pisar por primera vez a la alcaldía, en 1999. Y tras la querella de los vecinos. Sanjuán, que dejó claro que delegaba en los concejales, era el máximo responsable de la comisión acústica municipal. Y en la zona de ocio de la discordia solo se levantaron una pequeña cantidad de actas policiales en 15 años.

La fiscalía pide más de dos años de prisión para el regidor del PP

Ayer declaró también el otro acusado, el expropietario de los dos pubs. La fiscalía le pide tres años de prisión por un presunto delito contra la salud pública. El empresario admitió que el Ayuntamiento dirigido por Sanjuán no le solicitó un informe acústico hasta 2007, cuando la ofensiva legal adquirió consistencia para saltar a los tribunales. Y reconoció, a preguntas del fiscal, que las sanciones acumuladas en una década, unos 2.000 euros, las compensaba con un mes de caja.

“La policía dijo que le vibraban los pies cuando subió a mi piso una madrugada”, contaba a las puertas del juzgado otro vecino que pedía el anonimato. Y, como otros consultados, reconocía episodios de ansiedad y depresión a cuenta de decibelios y noches en vela en el balcón hasta las 5.00 de la madrugada.

Un acusado dice que el Consistorio tardó una década en pedirle un informe

El fiscal sostiene que el exceso de ruido está acreditado por siete informes del ingeniero municipal y una veintena de muestras de sonido. Unas pruebas que revelaron entre 1997 y 2007 niveles acústicos superiores a los 70 decibelios, el equivalente al ruido del tráfico intenso.

Sanjuán acudió al juzgado arropado por una veintena de seguidores. Entre ellos, el presidente local de los hosteleros, Juan Femenía, que atribuyó a los 400 vecinos que han denunciado al alcalde “el hundimiento” de Cullera como destino turístico.

El Ayuntamiento ha contratado para la defensa de Sanjuán al prestigioso penalista Javier Boix, letrado de Rafael Blasco, Francisco Camps y Carlos Fabra. Un portavoz municipal no supo precisar este miércoles los honorarios del abogado.