Los afectados por el ERE de Vaersa critican el enchufismo en la empresa
UGT dice que denunciará a los directivos si se confirman los sobrecostes de las encomiendas
El sindicato UGT y la Plataforma de afectados por el ERE en la empresa pública Vaersa (Aeva) han anunciado este lunes que emprenderán "acciones legales por vía penal" contra directivos de la empresa, incluso los consejeros de Medio Ambiente, si se demuestra que hubo sobrecostes en cinco encomiendas de gestión, como investiga el Tribunal de Cuentas. El portavoz de UGT, Gonzalo Fernández, ha estimado que los sobrecostes podrían alcanzar los 10 millones de euros ya que no incluyen "solo la gestión del trabajo sino las nóminas de gente que, sin tener nada que ver con esa encomienda, se contrata por ser quien es, amigo de quien sea o familiar de un alto cargo de la empresa".
El portavoz de la plataforma, Manuel Peña ha acusado a Vaersa de haber hecho un "cruel vaciado de plantilla" sin valoraciones objetivas, mientras se compraban "todoterrenos de gama alta para directivos" por un importe que "podría haber ahorrado el despido de entre 100 y 120 trabajadores".
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha mostrado su temor a que el ERE de Vaersa se convierta "en un nuevo caso RTVV". Los exempleados han criticado la arbitrariedad en los despidos y aseguran que la empresa ha pagado "indemnizaciones muy altas para quitarse de en medio" a personal cualificado que resultaba "molesto para la dirección actual de la empresa por no ser afín o de su cuerda".
La plataforma ha recordado que el expediente de regulación de empleo fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que a principios de mayo se resolverá el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo. Aeva ha exigido la "readmisión inmediata" de los trabajadores y UGT calcula que readmitir a los 197 trabajadores tendría un coste cercano a los tres millones de euros porque implicaría el abono de los salarios desde el día del despido hasta la fecha.
Esta cantidad, unida a otros 3 millones que supondría readmitir a los despedidos por el ERE, hacen temer a FSP-UGT PV que la Generalitat pueda tomar "una decisión parecida a la de RTVV" y cierre una empresa "que genera empleo público y tiene la responsabilidad de la conservación del medio natural". Los empleados despedidos de Vaersa han exigido la "dimisión en bloque del equipo directivo" y la dimisión de la presidenta del consejo de Administración, la consejera Isabel Bonig.
La plataforma de extrabajadores de la empresa ha anunciado movilizaciones para el mes de mayo que incluirán concentraciones frente a la sede de la empresa y frente al Palau de la Generalitat.
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