Las ONG exigen una condena ejemplar a Blasco por el fraude de las ayudas

Desde que hace cuatro años estalló el caso Cooperación, que es como se denomina el presunto expolio de ocho millones de euros de las ayudas de la Generalitat al tercer mundo a cargo de la red pilotada presuntamente por el exconsejero del PP Rafael Blasco, el centenar de ONG valencianas que combate la pobreza insiste en una idea: la justicia ha destapado una red corrupta. A un entramado aislado que perpetró los delitos de malversación y prevaricación durante el mandato del ocho veces consejero Rafael Blasco (2008-2010). Y que una de las páginas más putrefactas de la política valenciana, el saqueo de fondos destinados a países empobrecidos, no debe salpicar al trabajo de las 125 organizaciones sin ánimo de lucro sometidas a controles permanentes como la inscripción de un registro que acredita experiencia y naturaleza jurídica.

En esta línea, las ONG insisten en separar el grano de la paja y en denominar la causa como caso Blasco frente a la usual designación caso Cooperación.

Este martes, el portavoz de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Carles López, añadió a este argumento una derivada: los fondos saqueados por la supuesta trama corrupta deben regresar a la Generalitat. Y de ahí, a las ONG.

López compareció ante el edificio de Valencia de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), la organización que usó en 2008 una subvención de 1,8 millones de la Consejería de Solidaridad, dirigida por Blasco, para construir dos pozos en Nicaragua a la compra de pisos y plazas de garaje en Valencia. Al país centroamericano solo llegaron 43.000 euros. Y ahora las ONG reclaman que los inmuebles escriturados a nombre de Cyes, una fundación que fue subvencionada por Blasco sin cumplir los requisitos, pasen a la Generalitat.

La coordinadora denuncia que la Generalitat incumple la financiación

“Debemos seguir luchando contra la pobreza. Necesitamos que el dinero retorne a la cooperación”, clamó López flanqueado por una treintena de representantes de ONG con pancartas que reclamaban “dignidad”. También, justicia o vergüenza.

El sector de la cooperación, denunció, encaja desde 2009 un tijeretazo de los fondos públicos del 95%. Y la Ley Valenciana de Cooperación, que establece que un 0,7% del Presupuesto de la Generalitat (17.088 millones) debe destinarse al tercer mundo, no se cumple. Solo recibe el 0,019%: tres millones de euros.

La Coordinadora Valenciana de ONGD admite que los hechos juzgados son una mácula que se suma al desplome de las aportaciones privadas por la crisis de un promedio del 20%. Y afectan a un colectivo que reúne a más de 15.000 voluntarios y un centenar de trabajadores.

El sector pide “ejemplaridad” en la primera sentencia que dictará el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre el presunto expolio de las ayudas a Nicaragua. Las ONG consideran probados los delitos atribuidos a los nueve acusados del saqueo. Y se muestran satisfechas con las peticiones de pena solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, las tres acusaciones populares (14 años) y la Abogacía de la Generalitat (11). “Estamos muy ilusionados con esa justicia que actúa contra la corrupción. El juicio ha funcionado muy bien y están probados los delitos de acusación. Somos optimistas”, indicó López, que es el responsable de la ONG de comercio justo La Tenda de Tot el Món.

Las organizaciones confían en que los nueve acusados vayan a prisión

Esa confianza se basa en los indicios delictivos desplegados durante la vista oral que apuntan a que el departamento de Blasco maniobró supuestamente para adjudicar la ayuda a Cyes, una organización que escrituró los inmuebles a su nombre y no devolvió el dinero tras conocerse que la partida concebida para abastecer de agua Nicaragua acabó en el ladrillo. Y que, como reveló durante el juicio el interventor del Estado, Joaquín Falomir, acreditó sus trabajos solidarios con facturas de viajes, hoteles y restaurantes sin relación con el proyecto final del dinero en el país centroamericano.

El centenar de organizaciones que forman la coordinadora desarrollaron una campaña para costear la acusación popular en la causa que ha sentado en el banquillo del TSJ a la cúpula de la extinta consejería de Solidaridad. Y ahora se preparan para participar en el juicio de la segunda pieza del caso Cooperación, que indaga el desvío millonario de fondos para la construcción de un hospital Haití. Esta parte afecta a cinco ONG entre los años 2009 y 2011 y contempla a una alambicada red de facturación para eludir el rastro del dinero.