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CRECE EL CASO DE 'HOLDING' PÚBLICO DE REUS

El ‘caso Innova’ salpica al presidente de la Diputación de Tarragona

El juez imputa a Josep Poblet cinco delitos y extiende la acusación a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca

El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet
El presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet

El caso Innova, la macrocausa judicial en la que investiga una larga lista de presuntas ilegalidades en el entramado de empresas municipales de Reus (Baix Camp), dio ayer otro vuelco: Diego Álvarez de Juan, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que instruye el proceso, imputó al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), por una ristra de presuntos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. El juez ha citado a declarar a Poblet mañana.

El presidente de la Diputación de Tarragona, el político de CiU con más poder en la provincia, está imputado por supuestas irregularidades en la construcción del Centro de Atención Primaria (CAP) de Vila-seca (Tarragonès). El proyecto sanitario está siendo investigado por la Guardia Civil, la fiscalía y el juez en la pieza separada del caso Innova.

El juez también imputa por el mismo motivo a otros seis concejales convergentes del Ayuntamiento de Vila-seca. Están acusados de los mismos delitos que el alcalde y citados a declarar: Francesc Xavier Farriol, regidor de Hacienda; Manuela Moya, titular de Urbanismo; Josep Maria Pujals, ex concejal de Salud Pública; Josep Toquero, edil de Relaciones Ciudadanas; Esmeralda Núñez, concejal del Área de La Pineda (el núcleo turístico de Vila-seca); y Ana Josefa Girona, que fue responsable del barrio de La Plana.

El caso Innova se ha extendido desde el entramado de empresas municipales de Reus hasta Vila-seca tras investigar la Guardia Civil los trabajos efectuados por uno principales imputados en la causa: Jorge Batesteza, arquitecto acusado de blanqueo por cobrar 387.000 euros presuntamente injustificados entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del hospital Sant Joan de Reus.

Batesteza fue gerente de Infraestructuras de Área de Patrimonio y Inversiones del Servicio Catalán de la Salud desde 2000 hasta el 2007. Precisamente, uno de estos trabajos de Batesteza fue la supervisión de la redacción del proyecto del CAP de Vila-seca. El 19 de mayo de 2008 una sesión ordinaria de la junta de gobierno local aprobó el encargo de Batesteza por 10.440 euros a cargo del presupuesto municipal. La decisión se tomó “por unanimidad” tras un informe del arquitecto municipal. “Este contrato puede conceptuarse y ser tramitado como contrato menor, por razón de cuantía”, que solo requiere de “la aprobación del gasto, la incorporación de la factura al expediente y el presupuesto de las obras”, rezaba en el acta municipal. El CAP, que costó 11,2 millones de euros, entró en funcionamiento en septiembre de 2011 y da servicio a 21.000 personas.

En febrero la Guardia Civil ya acudió al Ayuntamiento de Vila-seca para recbar información referente a la adjudicación, construcción y puesta en marcha del centro.

Convergència emitió ayer un comunicado en el que anuncia su total “apoyo” a Poblet y expresa su confianza en la inocencia del edil. De manera extemporánea, el comunicado mezcla la imputación de Poblet con el hecho de que el sábado participara en un acto de la Assemblea Nacional Catalana y que la acusación se produzca un día antes de que en las Cortes se debata la petición de transferencia a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums. El Ayuntamiento De Vila-seca negó cualquier conexión con Innova y el Ayuntamiento de Reus y manifestó su seguridad en el trabajo “transparente” de técnicos y políticos del Consistorio.

El caso Innova suma ya casi 50 imputados, entre los que se encuentra la misma esposa de Poblet, Ester Ventura, exdirectora financiera de Innova. Está acusada de estafa, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros delitos.

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