La trama de los cursos falsos de formación recibió fondos europeos

La supuesta estafa de los cursos de formación falsos llega hasta Bruselas. Parte del dinero que recibió la red de consultoras montadas por José Luis Aneri y su mentor Alfonso Tezanos provenía del Fondo Social Europeo (FSE), tal y como figura en documentación interna de la Comunidad de Madrid a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Esto puede suponer una vuelta de tuerca más en un caso que ha crecido con el paso de los meses y que cuenta ya con 13 imputados y más de 16 millones de euros presuntamente estafados. La Comisión Europea puede decidir suspender pagos si considera que se han producido deficiencias

Hasta el momento, la cantidad presuntamente estafada por la trama supera los 16 millones de euros de dinero público, entre fondos gestionados por la Comunidad de Madrid (5,4 millones) y de procedencia estatal (11 millones). El conocido como caso Aneri está judicializado y bajo secreto de sumario. José Luis Aneri, uno de los presuntos cabecillas de la trama, es el único que permanece en prisión preventiva en Soto del Real desde el pasado 1 de marzo. Los empresarios Alfonso Tezanos y Víctor Porta, los hombres que contrataron a Aneri en 2007, que montaron con él la empresa Sinergia Empresarial y que han tenido cargos en la Cámara de Comercio, están en libertad con cargos.

La Consejería de Empleo, a la que este periódico preguntó hace tres meses si la presunta cantidad estafada incluía fondos europeos, no ha respondido hasta la fecha a esa pregunta, alegando que es el Estado el que reparte los fondos provenientes de las cuotas de trabajadores y de Bruselas.

Europa ha sido un botín recurrente para entidades que impartían cursos

Un portavoz del Ministerio de Empleo replicó por su parte que en los expedientes estatales investigados hasta la fecha no hay rastro de dinero europeo y que corresponde a la Comunidad de Madrid aclarar la procedencia de sus propios fondos.

Así queda reflejado en una de las notificaciones que la Consejería de Empleo envió a las asociaciones empresariales que recibieron las ayudas supuestamente defraudadas. El logotipo con la bandera europea figuraba además en la documentación que las asociaciones debían presentar, en los folletos con los que se publicitaban los cursos de formación y en documentos gestionados también por las empresas de la trama.

El documento de revocación parcial de las ayudas, firmado por el jefe de área de Formación Continua, Vicente Ferreras, señala que se efectuará una nueva liquidación con “el importe justificado objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo” correspondiente al programa Adaptabilidad y Empleo.

Empleo tampoco ha aclarado la cantidad procedente de Europa, si bien en las convocatorias de ayudas elaboradas hasta 2010 se establecía que “hasta el 50%” del dinero se puede sufragar con fondos de Bruselas. A partir de 2011 no se emplearon estos fondos para la formación ni en la Comunidad ni en el Estado porque se priorizaron otro tipo de programas.

El reglamento del Fondo Social Europeo establece que la Comisión puede suspender total o parcialmente las ayudas si hay deficiencias graves en “el sistema de gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del procedimiento de certificación de los pagos”. Es decir, podría suspender todos los pagos de formación que incluyen a distintas comunidades autónomas y al Estado. Las irregularidades pueden comprometer todos los fondos.

Los fondos europeos han sido durante décadas un recurrente botín para muchas organizaciones dedicadas a los cursos de formación. El caso Forcem, en toda España, el caso Pallerols, en Cataluña o el caso Imefe, en Madrid, son algunos ejemplos de estafas relacionadas con los cursos de formación en los que había subvenciones europeas.