“El copago nos ha obligado a sacar a mi hermano del centro ocupacional”

"¡Menos para el Valencia y más para dependencia!", gritaba con un megáfono uno de los cientos de manifestantes que recorrieron la ciudad de Valencia ayer por la tarde. Bajo el lema En Bienestar Social, por derecho, ni copago ni recortes, sindicatos, plataformas y centros, manifestaron su enfado por la decisión del Consell de imponer el copago. Los directores de los centros llevan meses alertando de que muchos usuarios no podrán hacer frente a los pagos y se darán de baja. Aunque Bienestar Social está negociando para tratar de alcanzar una solución, la fuga ya ha comenzado.

"Mi hermano ha dejado el centro esta semana", cuenta Dori Jiménez (46 años), vecina de Paterna, que cuida de su hermano desde hace 20 años, cuando sus padres fallecieron. Esperó respuesta al recurso de alzada que presentó en enero y, al no recibirla, tomó la decisión. "Tengo dos hijos. Mi marido está de ERE y yo trabajo solo cuatro horas. Mi hermano mayor se ha quedado sin trabajo y le tenemos que ayudar a pagar el piso. Nosotros también tenemos hipoteca, pero nuestra letra por lo menos no es muy alta", se consuela.

Decenas de usuarios empiezan a darse de baja de los centros

El copago se lleva en su caso el 50% de lo que cobra su hermano. "Solo me ha llegado el recibo del primer mes y están por llegar los dos siguientes. No nos podemos permitir el lujo de pagar 293 euros al mes", detalla. "Sin copago yo no habría sacado a mi hermano del centro".

La Coordinadora de Centres Ocupacionals de la Comunitat Valenciana (Copava) ha empezado a contabilizar las bajas de los primeros meses del año. Hasta 49 personas han abandonado ya su plaza en 30 de los 50 centros ocupacionales que representan. "Porcentualmente este dato no es muy alto porque los directores están haciendo una importante labor de contención pero si la solución no llega pronto, a final de año esta cifra será mucho más grave", augura Ángel Bonafé, presidente de Copava.

"Tengo dos hermanos discapacitados. Cuando lo digo la gente se asusta. Mi hermano mayor, de 63 años y mi hermana pequeña de 53", cuenta Paqui Leonardo (56 años), vecina de Alginet. "Mi hermana llevaba unos seis años en un centro de día pero la he tenido que sacar porque cobra 600 euros y tenía que pagar 400. Con 200 euros al mes no la puedo mantener", se queja.

La imposición del copago se suma a otros factores que inducen la decisión

Viuda, con hipoteca y con una fibromialgia que le impide trabajar, explica que la economía familiar depende de lo que cobran los tres: 400 euros por la viudedad de ella, 500 por la minusvalía de su hermano y 600 por la discapacidad y orfandad de su hermana.

"Mi hermana sí se da cuenta de que no está en el centro. Está esperando que se arregle la situación porque allí tenía sus talleres, sus amigos, su horario y una rutina que le venía muy bien. Ahora me ayuda en casa pero a mi me interesa que esté en el centro porque es donde aprende cosas para su autonomía personal", explica.

Que su hermano continúe en el centro supone un alivio para ella. "Él sigue en el centro porque su copago es muy bajito, 133 euros al mes, y eso sí que puedo pagarlo. Si a mi hermano le hubiera tenido que pagar más habría tenido que sacarle también del centro y eso habría sido un problema porque no podría con los dos". Leonardo no comprende cómo ha calculado el copago la Generalitat. "Nosotros no tenemos propiedades. La única propiedad que tengo es la casa donde vivimos y está hipotecada. Y ellos no tienen nada más que su paga. Si no tuvieran a su hermana no podrían ni vivir".

Los usuarios no confían en que la negociación con Bienestar Social resuelva el problema

La llegada del copago se ha sumado a otros factores que acaban de decantar a las familias. "He sacado a mi familiar del centro por el copago. Tiene 60 años. Estaba cansado de ir allí y había días que incluso se escapaba. Si no hubieran impuesto el copago le habría mantenido allí todo el tiempo que hubiera podido", cuenta la hermana de un usuario que no quiere dar su nombre porque teme represalias de la Consejería de Bienestar Social. "Si algún día necesita una residencia cuando yo ya no esté no quiero que me la nieguen porque ahora le haya dado de baja".

Las negociaciones de Bienestar Social con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) sigue su curso, pero algunos usuarios no se fían de cuál pueda ser el resultado. Rosa María Flores sacó a su hermana (de 51 años) del centro a principios de enero, en cuanto supo que debía pagar 14 mensualidades de 411 euros. Divorciada, autónoma y con un hijo de 30 años a su cargo, se muestra escéptica. "El problema es que la Generalitat dice que no tiene dinero, aunque lo tiene para lo que quiere, y lo recorta en los más vulnerables". A pesar de todo, Flores no se da por vencida: "Si decidieran rebajar el copago me plantearía volver a llevar a mi hermana al centro porque cuando iba ella era muy feliz".