La visita del Papa les cuesta a los valencianos 1,3 millones más
La fundación V Encuentro cierra tras endosar su deuda al Consell Urinarios y viajes estaban pendientes de pago
La visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 sigue costando dinero a los valencianos ocho años después. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó este jueves el acuerdo adoptado por el Gobierno valenciano el pasado 21 de marzo por el que asume la deuda pendiente de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Pontífice, para poder cerrar un organismo en el que están representados la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia y que se ha caracterizado por su opacidad.
La Administración valenciana, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana abonará 1.306.897 euros que todavía adeudaba la fundación por los urinarios portátiles que se instalaron en la ciudad, los viajes y las estancias en hoteles de la curia y los invitados y distintas actuaciones realizadas por la empresa pública Vaersa.
La visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que apenas duró 24 horas, se presupuestó por parte de la fundación en más de 22 millones de euros, aunque el coste real nunca se ha detallado por ninguno de los patronos. Además, actuaciones específicas realizadas para la visita del Pontífice se realizaron con el presupuesto de empresas públicas sin que en los epígrafes de gasto se mencionase el evento, como por ejemplo la adecuación de zonas de aparcamiento para los vehículos de los peregrinos por parte de Ferrocarrils de la Generalitat.
El Arzobispado asume 1,2 millones y los acreedores una quita de 1,3
El cierre de la fundación V Encuentro —que adjudicó a Ràdio Televisió Valenciana los derechos de retransmisión de la visita de los que, finalmente, se acabó beneficiando la trama Gürtel— se produce tras alcanzar un acuerdo con los acreedores.
La deuda real a finales de año era de 4,14 millones de euros, aunque el Gobierno de Fabra y el Arzobispado negociaron a principios de 2014 una quita con los proveedores, que aceptaron reducir la deuda hasta los 2,8 millones. De esta cantidad, el Arzobispado pagó el pasado mes de febrero 1,2 millones de euros, 600.000 euros de la deuda por los urinarios instalados por Acciona y otros 600.000 euros adeudados a la agencia de viajes Cavaltour.
Por su parte, la Generalitat destinará 788.000 euros a pagar parte de los urinarios instalados en 2006 y cerca de 520.000 euros facturados por la empresa pública Vaersa. La cantidad restante, hasta alcanzar los 2,8 millones totales se cubrirán con un remanente que todavía tenía la fundación V Encuentro.
PSPV y Compromís piden que comparezca Ciscar y dé explicaciones
La socialista Ana Barceló calificó ayer de “vergonzoso que ahora el PP pretenda tapar con dinero público, de todos los valencianos, uno de los mayores escándalos del PP”. Barceló recordó que los populares siempre se han opuesto a constituir una comisión de investigación sobre la visita del Papa a Valencia con el argumento de que la fundación no tenía carácter público. “Y ahora quieren utilizar el dinero de todos los valencianos para ocultar lo sucedido”, remachó. Los socialistas anunciaron que solicitarán la comparecencia del vicepresidente del Consell, José Ciscar, que no informó en su día del acuerdo adoptado en la reunión del Ejecutivo que preside Alberto Fabra, para que dé explicaciones.
La comparecencia de Ciscar también fue solicitada por el grupo parlamentario de Compromís. La diputada de la coalición Mònica Oltra argumentó que estos pagos con dinero público son “un claro ejemplo de la deuda ilegítima que no tenemos por qué asumir”.
“Es inadmisible que todavía estemos pagando la visita del Papa a Valencia a través de una fundación que no ha tenido actividad, ni razón de existir desde 2006”, continuó Oltra, “Tendría que ser el Arzobispado quien asumiera toda la deuda que todavía está pendiente y no solo una parte”. “Pese a las reiteradas peticiones de documentación que hemos realizado nunca se nos han facilitado las facturas que se han pagado con dinero público”, remachó.
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