El Ayuntamiento de Almería deberá pagar siete millones a una empresa

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Almería ha ordenado que se ejecute la sentencia que obliga al Ayuntamiento de la capital (PP) a abonar casi siete millones de euros a CEAL, la anterior UTE concesionaria del servicio de gestión de los cementerios municipales. El auto, con fecha 21 de marzo y dado a conocer este jueves por el portavoz municipal del PSOE, Joaquín Jiménez, ordena que la sentencia se ejecute “en un plazo máximo de tres meses”.

Los hechos se remontan a 2003, cuando la UTE formada por Entidad Aral Sociedad General de Construcciones y S.A. y Construcciones Murias S.A. solicitó la liquidación del contrato alegando causas imputables al Ayuntamiento. El Consistorio no se pronunció y la empresa siguió con el servicio “cuya calidad fue en continuo descenso”, ha explicado Jiménez.

El gobierno local cree que se trata de “una cuantía desmesurada”

En realidad, los problemas en la gestión de los cementerios ya se remontaban a la corporación en la que Juan Megino (PP) era alcalde de la ciudad y decidió privatizar este servicio público. La UTE Ceal consiguió la concesión de gestión de los cinco cementerios de Almería y tan solo cinco años después ya hizo formal su petición de romper el acuerdo contractual.

Tras el silencio administrativo de 2003, la concesionaria volvió a pedir la liquidación del contrato en 2006 reclamando 5,4 millones de euros por la anulación del contrato y otros 157.571 euros de devolución de fianza, además de pedir que el Consistorio almeriense asumiera la gestión del servicio de forma inmediata. “El Ayuntamiento siguió sin pronunciarse y no defendió sus intereses, que son los de los ciudadanos. La empresa consideró que se había aceptado su reclamación por silencio administrativo positivo y ante el impago de las cantidades reclamadas las exigió judicialmente”, ha resumido la concejal socialista Mari Carmen Núñez.

La primera sentencia favorable a la empresa es de 2008, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Almería, que entendió que la petición formulada por la mercantil fue adquirida por silencio administrativo positivo. El fallo ordenó al Ayuntamiento a “ejecutar los actos firmes obtenidos por silencio administrativo positivo […] sin pronunciamiento de la legalidad o ilegalidad de las resoluciones, ni del contrato”. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó dicha la sentencia en 2013, también recurrida por el Ayuntamiento.

La UTE intentó en dos ocasiones romper el acuerdo con el Consistorio

El auto dado a conocer por el grupo socialista es resultado de un recurso presentado el pasado 28 de febrero por las empresas en litigio después de que, el 13 de diciembre de 2013, la junta de gobierno local acordara revisar de oficio el procedimiento, ya con los fallos judiciales en contra. El auto declara la “nulidad absoluta” de ese acuerdo, además de ordenar la ejecución de la sentencia consistente en el abono a las empresas de 5,4 millones en concepto de liquidación de contrato y de 157.571 euros como devolución de la garantía constituida en su día más los intereses legales (1,3 millones).

El concejal del Salud y Consumo del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha asegurado que el equipo de gobierno esperará a tener el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre el procedimiento de revisión de oficio tramitado. “El Ayuntamiento tiene disposición y disponibilidad de pagar pero nos parece una cuantía desmesurada. Los servicios jurídicos entienden que ese silencio no era positivo y se ha enviado al consejo consultivo”, remacha.