Rigau consuma la eliminación del transporte escolar urbano

Ataviada con un chaleco reflectante, Erika (seis años) sostiene junto a una docena de compañeros de la escuela Bellaterra una pancarta donde se lee: Sense bus hi ha embús—Sin autobús hay atasco—. El lunes recorrieron a pie, y tras ellos hasta 200 padres y niños, cuatro kilómetros desde Cerdanyola, cruzando la autopista AP-7 y el campus de la Universidad Autónoma, hasta llegar al colegio. Es el trayecto que realizan cada día en un bus escolar que el año que viene ya no existirá porque la Generalitat ha decidido suprimirlo junto a una decena de líneas del Vallès Occidental.

Se trata del llamado transporte no obligatorio —cuando la escuela está en el mismo municipio en el que reside el alumno—, que el Departamento de Enseñanza, dirigido por Irene Rigau, ha suprimido progresivamente en ciudades con más de 50.000 habitantes, que por ley deben ofrecer transporte urbano. “Priorizamos el dinero para garantizar equidad y becas de transporte y comedor si es necesario, pero no a universalizar un servicio que no es obligatorio”, justifica Enseñanza.

La Generalitat abunda que la situación de este transporte era diferente en cada comarca y ciudad: gratuito, con copago o se suplía con el bus urbano. Hace tres años Enseñanza quiso unificar la política y estableció un precio máximo 270 euros anuales para las familias. Ahora va un paso más allá y lo elimina en el Vallès, la única comarca donde mantenía una importante presencia por su densidad de población y sus extensos municipios. Solo los conservan algunos centros por motivos sociales.

El recorte en transporte llega a los centros de educación especial

Mercè Miralles, madre de Erika, rechaza la medida. “Ahora estás tranquila porque los pequeños van acompañados con una monitora. El bus urbano siempre va lleno a esa hora con toda la gente que va a la Autónoma. No queremos que sea gratis, queremos seguir pagando los 270 euros pero con un autobús discrecional”, pide la madre. Maria Reina, concejala de Educación de Cerdanyola critica a la Generalitat por “hacer trampa” y traspasarles la responsabilidad del transporte escolar.

La supresión del servicio afecta a dos centros de Cerdanyola, uno de Sabadell y tres de Sant Cugat. Terrassa lo perdió este curso. En Rubí han conseguido sortear el recorte. “La Generalitat nos pedía que transportáramos 450 niños a cuatro kilómetros del casco urbano. Eso suponía poner ocho autobuses y no lo podemos pagar”, se queja Arès Tubau, concejal de Educación de esta ciudad.

Los Ayuntamientos también denuncian que los recortes afectan a las escuelas de educación especial. Desde este curso solo tendrán transporte escolar urbano los alumnos con discapacidad superior al 60%. De momento la medida solo afecta a los nuevos estudiantes. Los Ayuntamientos reconocen que el número de afectados es reducido, pero rechazan el recorte. “Los niños pueden ir en bus urbano, pero no se les puede dejar solos”, tercia Ramon Burgués, concejal de Educación de Sabadell. “Las familias ya soportan suficiente carga como además tener que preocuparse por el transporte”, se queja una escuela de educación especial de la comarca.